Este caso ha dejado al menos 36 capturados entre policías, guardas de la Secretaría de Movilidad y civiles.
Un juez de control de garantías que lleva el caso contra más de 30 capturados por estar implicados en el escándalo de corrupción de apropiación de vehículos que se encuentran en proceso de embargo en Medellín denunció amenazas en su contra.
Este caso ha dejado al menos 36 capturados entre policías, guardas de la Secretaría de Movilidad y civiles.
En esta red de corrupción estarían implicados 23 uniformados, la mayoría de ellos patrulleros adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y al Departamento de Policía de Antioquia.
En esta estructura ilegal, también habrían dos agentes de tránsito y once particulares quienes están siendo judicializados por los delitos de concierto para delinquir, concusión y cohecho propio e impropio, en hechos que habrían ocurrido en marzo de 2017.
La denuncia fue revelada por la propia juez quien expresó excusas por demorarse en instalar la audiencia que se sigue por este escándalo, pero aclaró que ello era producto de una denuncia que tuvo que instaurar ante la Fiscalía tras ser objeto de un hecho que atentó contra su seguridad.
La juez relató que los hechos se registraron en la noche de este martes en momentos en que se movilizaba en su vehículo junto a otra funcionaria del despacho, cuando el automotor recibió un impacto en el vidrio trasero.
“Obviamente, esta situación se tuvo que poner en conocimiento porque al verificar el impacto y las características del mismo, era un impacto de forma circular y pequeña”, dijo la juez del caso.
Asimismo, sostuvo: “Esta funcionaria iba con la oficial mayor, ambas íbamos en la parte de atrás y dado lo inusual de este asunto, mi deber indica que cuando ocurren estos hechos de carácter inusual se pondrá inmediatamente la denuncia”.
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