El Tribunal Superior de Bogotá resolvió, el pasado viernes en la noche, que el exsendor y exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, deberá quedar en libertad por vencimiento de términos, pese a que en julio de este año un juez extendió por un año más su privación de la libertad.
Aguilar Villa fue capturado en julio de 2021 por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por presuntos hechos de corrupción cuando fue ordenador del gasto en Santander. Desde entonces ha permanecido recluido en el Batallón 14, en Bogotá, donde también estuvo su padre Hugo Aguilar Naranjo.
Aunque su libertad llegará por vencimiento de términos, la Fiscalía General de la Nación ha argumentado que durante su administración departamental, Aguilar Villa constituyó una «empresa criminal» para direccionar millonarios contratos a varios de sus amigos y familiares.
El ente acusador le imputó al exsenador de Cambio Radical los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, al considerar que el entonces mandatario incurrió en irregularidades en los contratos del PAE, del Coliseo San Vicente Díaz Romero, en el cual Aguilar Villa habría reclamado una coima de $2.300 millones. También habría direccionado contratos del Estadio Alfonso López, el corredor vial San Gil – Charalá- Duitama entre otros.
Aguilar Villa fue capturado en julio de 2021 por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por presuntos hechos de corrupción cuando fue ordenador del gasto en Santander. Desde entonces ha permanecido recluido en el Batallón 14, en Bogotá, donde también estuvo su padre Hugo Aguilar Naranjo.
Aunque su libertad llegará por vencimiento de términos, la Fiscalía General de la Nación ha argumentado que durante su administración departamental, Aguilar Villa constituyó una «empresa criminal» para direccionar millonarios contratos a varios de sus amigos y familiares.
El ente acusador le imputó al exsenador de Cambio Radical los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, al considerar que el entonces mandatario incurrió en irregularidades en los contratos del PAE, del Coliseo San Vicente Díaz Romero, en el cual Aguilar Villa habría reclamado una coima de $2.300 millones. También habría direccionado contratos del Estadio Alfonso López, el corredor vial San Gil – Charalá- Duitama entre otros.
Testigos en su contra
Claudia Toledo y Lenin Pardo, quienes trabajaron durante la Gobernación de Richard Aguilar, se acogieron a un principio de oportunidad con la Fiscalía, y se comprometieron a ‘prender el ventilador’ y contar toda la verdad sobre el presunto entramado de corrupción o «empresa criminal» que argumenta la Fiscalía.
Según se ha podido conocer, solo en el contrato para el reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, el entonces mandatario se habría quedado con una coima del 16%.
Sin embargo, el exsenador de Cambio Radical no ha aceptado los cargos y se mantiene en su inocencia.
Obstrucción a la justicia
En la providencia de julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia señaló, directamente, al hoy gobernador de Santander, y hermano de Richard Aguilar, Mauricio Aguilar Hurtado, de intentar obstruir a la justicia ocultando información relacionada con la contratación que hizo su polémico hermano.
Entre los documentos desaparecidos están nueve libros radicadores que contienen los contratos, los cuales no fueron encontrados por agentes del CTI cuando hicieron la inspección en la Gobernación de Santander, en 2021.
FUENTE VANGUARDIA