La puja por el poder de la rectoría de la Universidad Popular del Cesar (UPC),continúa salpicada de cuestionamientos.

En este proceso han salido a relucir denuncias y controversias entre sectores de la comunidad académica y estudiantil.

Según algunos docentes de la institución, durante los últimos cinco años el panorama ha ido adquiriendo otros matices, por la injerencia de partidos políticos, una realidad que para muchos es irrebatible.

“Me parece peligroso que estos procesos de las universidades oficiales estén involucrados los partidos políticos porque se pierde la autonomía que es la verdadera esencia de la institución”, advirtió un docente de la universidad, que prefirió omitir su nombre.

En la lista de estas polémicas elecciones figuran Carlos Oñate, Enrique Meza, Alexis Vidal, Jesús Valencia, Darling Guevara, esta última se encuentra suspendida provisionalmente por decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (sesión quinta), luego de una supuesta irregularidad al pasar por alto la consulta estamentaria en el proceso de su elección.

A partir de allí, el cargo estaba siendo ocupado de manera temporal por el abogado Raúl Adolfo Gutiérrez, quien anteriormente, venía desempeñándose como secretario General de la institución.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre, el Consejo Superior Universitario de la UPC designó como rector encargado a José Rafael Sierra Lafaurie, vinculado desde hace 22 años a la institución y para entonces, ocupaba el cargo de jefe de la Oficina de Presupuesto.

Esta determinación, desencadenó un “rifirrafe” entre las partes, por lo que durante varias semanas la Upc vivió momentos de tensión y caos administrativo.

“Inicialmente, Raúl Gutiérrez, quien fue avalado por el centro democrático, se resistió entregar el cargo, pero ya desistió porque los mismos empleados de la universidad fueron y lo sacaron de allá”, recalcó el docente.

Con el fin de remediar la crisis institucional que afronta el claustro universitario, la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, decretó medidas preventivas y de vigilancia especial, para muchos, sin antecedentes en la historia.

“A la fecha no existe presentación y aprobación del presupuesto de la vigencia 2021, reporte de derechos pecuniarios, y ya se han presentado eventos de demora en los pagos de salarios y aportes a la seguridad social, Estas situaciones, tienen una correlación directa con la calidad en prestación del servicio educativo”, resaltó el Ministerio de Educación.

Entre las medidas se destaca, la designación de un ‘Inspector in situ’ para la gestión administrativa y financiera de la UPC.

“Este inspector tiene que avalar cada actuación del rector, lo que hará más demorado los trámites, procesos administrativos y académicos, porque es prácticamente un control previo y perceptivo”, subrayan varios académicos de la institución.

En igual sentido, ordenó la constitución de una fiducia para el manejo de los recursos y rentas de la UPC.

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