Germán Trujillo Manrique, el llamado ‘Zar de los alimentos escolares’ y uno de los protagonistas en corrupción con recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), condenado a tres años de cárcel y que ya cumplió su pena, intenta que queden sin efecto decisiones de la Fiscalía sobre bienes ocupados por el ente acusador.

En registros judiciales se lee que al cuestionado contratista, que aceptó los cargos y solo recibió una condena de tres años de cárcel, un juez de ejecución de penas de Bucaramanga le expidió su boleta de libertad en diciembre del año pasado.

El 14 de febrero del 2019 la Fiscalía le ocupó bienes avaluados en 33 mil millones de pesos que habrían sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales. Los bienes fueron ocupados en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Neiva. El hombre fue señalado de actos de corrupción con recursos del PAE en Santander.

Según la investigación, en el contrato 601 de 2016, la Gobernación de Santander adjudicó a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor total de $35.767’321.026. “De acuerdo con el material probatorio recopilado, el dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, señala la Fiscalía..

Adicionalmente, se estableció que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos. En su momento, fueron recuperadas las facturas y cuentas de cobro presentadas por el contratista y se advirtieron algunas situaciones como:

– Compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacías (Meta).
-Adquisición de postres a un asociación de padres de familia en Tarqui (Huila) que figuraba como inactiva.
-Compra de mercados a una empresa transportadora de Algeciras (Huila), cuya sede queda a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.

Como parte del proceso de extinción de dominio se ocuparon: un apartamento con depósito y parqueadero en un exclusivo sector de Barranquilla (Atlántico), la sede de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., en Neiva (Huila), una bodega a nombre de la Agencia Surcolombiana de Inversiones Ltda – Surcol, en Cúcuta (Norte de Santander), un establecimiento de comercio de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, ubicado en el norte de Bogotá.

En registros judiciales figura que su abogado pidió que se declarara la ilegalidad de la ocupación de los bienes ubicados en Barranquilla.  El 6 de marzo el juzgado segundo penal especializado de extinción de dominio de Bogotá dejó en firme las medidas cautelares, garantizando que siguen en poder del Estado.

Pero la defensa del condenado apeló la decisión y el 3 de agosto la magistrada del Tribunal de Bogotá, María Idalí Molina, avocó el conocimiento de ese recurso y el 13 de noviembre radicó su ponencia sobre el tema. De la decisión que tome la Sala dependerá si Trujillo Manrique recupera los bienes o si siguen bajo el control del Estado.

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