Ineficiencia, poca preparación de los funcionarios, mecanismos disciplinarios poco rigurosos, lentitud en los procesos de investigación y un aumento irracional de normas y delitos, hacen que la justicia sea un escenario propicio para buscar alternativas ilegítimas –como el soborno– que llenen el vacío de la institucionalidad, todo ello ante la tolerancia de la ciudadanía.

Para hablar de la corrupción en el sistema de justicia penal colombiano es necesario identificar dos escenarios. De una parte, y en sentido general, se trata de la corrupción como fenómeno del ejercicio desviado del poder y su judicialización, en el que se observan conductas de servidores públicos que tienen poder de decisión y lo ejercen en beneficio propio o de un tercero, en detrimento del mandato especial por el que fueron investidos; también del agente que soborna al funcionario para obtener provecho para sí, para un tercero o para acelerar una gestión.

En este escenario, la percepción ciudadana sobre la impunidad de la corrupción es alta, pues ven un sistema ineficaz y lento para la criminalidad de los poderosos, como se observa en el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (México), en el que Colombia se ubica en el puesto 49 entre 69 países analizados.

El segundo escenario hace referencia a la corrupción de los actores del sistema judicial, desde los usuarios, testigos, auxiliares y abogados, hasta aquellos a quienes se les ha conferido el poder de administrar justicia, investigar o gestionar la función judicial. Se trata de los actos que traicionan la confianza pública y el mantenimiento de la recta administración de justicia como una especie de corrupción pública.

Sin embargo, la corrupción judicial merece un análisis específico por el daño que implican los actos corruptos en la credibilidad de la función judicial y su íntima relación con los demás poderes públicos y la definición de intereses en los procesos judiciales. En el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, elaborado por Transparencia Internacional, la percepción ciudadana de una justicia corrupta en Colombia se ha incrementado en los últimos tres años. Así, en relación con el soborno, esta pasó del 11 al 12 % entre 2017 y 2019, y con respecto a quienes la administran pasó del 37 al 47 % en el mismo periodo.

No es para menos, ya que cada vez son más frecuentes los actos de desviación de poder relacionados con la influencia de la política y los partidos políticos en la esfera judicial, en especial en la función nominadora que tienen los magistrados de las Altas Cortes o de sus propios nombramientos.

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