A través de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, la Fiscalía imputó a Nicolás Corso Salamanca, exgerente de Metrovivienda, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La investigación se relaciona con presuntas irregularidades detectadas en un convenio de asociación suscrito el 7 de noviembre de 2013, con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar, cuyo valor ascendió a $9.649’785.600.
El convenio tenía por objeto aunar esfuerzos que conllevaran al desarrollo del predio denominado Usme II- Idipron, con el fin de asegurar su destinación para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario, en un plazo de 30 meses.
Las indagaciones dan cuenta de que el convenio debía seguir los parámetros de contratación pública definidos en la Ley 80 de 1993; sin embargo, está acreditado que se celebró y ejecutó en atención al artículo 96 de la ley 489 de 1998, que regula asuntos de asociación de entidades públicas con participación de particulares. Corso Salamanca no aceptó los cargos.