La Contraloría General dio a conocer un informe que señala que contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregaron mercados, en medio de la pandemia, a personas fallecidas.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI-, de la Contraloría, “identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos” que hicieron contratistas del ICBF  “a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales”.

La Contraloría señaló que varios beneficiarios “aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos”. “Los contratistas les entregaron ración de alimentos a menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios; y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio”.

Estos son solo 4 de los 69 casos identificados, que la Contraloría califica como alertas y que fueron detectados por la Dirección de Información, con su Modelo de Analítica Descriptiva, que hace seguimiento al Programa Canastas Nutricionales del ICBF.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, se identificó que diferentes contratistas del ICBF “entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos”, señala la Contraloría en un comunicado de prensa.

“Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración ($80.000), la suma de esta alerta de la DIARI es de $2.241 millones de pesos aproximadamente”, destaca la Contraloría.

Señala el organismo e control que los valores de cada ración aumentan según el tipo de Centro Zonal desde donde se entregan y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.

Resaltan que la DIARI detectó que de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.

En este proceso, se identificaron nueve menores cuyos números de identificación aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos, pero que en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF “estarían siendo suplantados como beneficiarios, dado que su número de identificación esta registrado en las planillas, pero aparece asignado con otro nombre y apellidos”, advierte la Contraloría.

Igualmente, en ente de control pudo confirmar que tres de estas entregas se realizaron al mismo número de menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos. Por mencionar algunos de los casos detectados.

De igual forma, se identificó el caso de una mujer que aparece con 172 hijos. El registro se encuentra en Chimichagua (Cesar), donde la mujer recibió la ayuda por todos.

“¿Qué hicieron y dónde están con las raciones que recibieron estas personas por ese número de menores? Por esto, desde la Contraloría General realizamos estas alertas, para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, aseguró la directora de la DIARI, María Fernanda Rangel.

En el trabajo adelantado por la Contraloría se logró detectar que varios contratos no cumplían con las exigencias. Por ello, se generaron 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.

En resumen, las alertas que identificó la DIARI están divididas en entregas con documentos de personas reportadas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.

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