Jorge Eliécer Ramírez y cinco miembros de su gabinete habrían incurrido en celebración indebida de contratos. La Fiscalía halló méritos en las denuncias hechas por dos líderes de Candelaria asesinados en enero pasado.

La Fiscalía capturó este viernes en la noche a Jorge Eliécer Ramírez, actual alcalde de Candelaria (Valle) y a cinco funcionarios más por presuntos hechos de corrupción y celebración indebida de contratos, hechos que fueron advertidos hace un año por los líderes sociales Jonathan Borja e Iván Giraldo, ambos asesinados el pasado 30 de enero.

De acuerdo con el ente investigador, las labores de investigación lograron dejar al descubierto varios hechos ilícitos en los que habrían incurrido funcionarios y contratistas encargados de planear y ejecutar proyectos como mantenimiento de vías y la construcción de canchas de fútbol.

Los otros capturados son: Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaria de Educación; Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias; Jonathan Ortiz Libreros, contratista Oficina de Infraestructura, y José Ulises Asprilla Cárdenas y Jimmy Paz Castillo, contratistas. La orden de captura contra Wilson Suárez Betancourt, secretario de Infraestructura, no se hizo efectiva por fuga del indiciado.

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Para la Fiscalía, los funcionarios de la Alcaldía de Candelaria se habrían concertado con particulares para sacar provecho personal y apropiarse de los dineros del municipio.

El primer contrato investigado, suscrito en noviembre de 2019, contempló la construcción de tres canchas de fútbol con baterías de baños y graderías, en los corregimientos Buchitolo, Arenal y Poblado Campestre. El valor definido ascendió a 229 millones de pesos y el tiempo de ejecución era de un mes.

Las verificaciones dieron cuenta de que los escenarios no fueron terminados en su totalidad; sin embargo, la administración municipal concedió más recursos y plazos al contratista. La obra nunca se terminó.

El segundo contrato buscaba el mantenimiento de vías terciarias. Se pactó un mes para su terminación, pero hay suficiente evidencia que indica que este proceso fue direccionado a un mismo contratista. En los dos casos, los funcionarios públicos encargados de las etapas precontractual y de ejecución, supuestamente, favorecieron al señor José Ulises Asprilla Cárdenas para que se quedara con los dos mencionados contratos. Al parecer, ajustaron las normas existentes de contratación para beneficiarlo, falsificaron firmas y documentos, incurrieron en suplantaciones y no ejercieron control ni supervisión.

Las inconsistencias habrían llegado al punto de hacer un otrosí al contrato de las canchas de fútbol, cuando había culminado el plazo de ejecución.

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