A principios de 2020, antes de la pandemia del covid, el tema en Barranquilla (y en buena parte del país político) era Aída Merlano. La ciudad “milagro” del Caribe, que pasó de ser La Arenosa, por sus calles llenas de arena, a convertirse en imagen del desarrollo con obras civiles emergiendo como flores en jardín, se sacudía por las revelaciones de la primera congresista colombiana condenada por comprar votos.

La mujer, recapturada en Venezuela tras fugarse en Bogotá, señaló como sus aliados en la corrupción electoral a los clanes políticos Char y Gerlein y, al hacerlo, amenazó con llevarse por delante la sonada aspiración presidencial del exalcalde que ha liderado esa buena hora: Álex Char, cabeza del grupo regional más poderoso de Colombia.

Aída Merlano aseguró que Álex Char se quedaba con el 30 por ciento de los recursos de la contratación en Barranquilla y que el otro 70 por ciento se iba entre la inversión para poder sacar las obras y una parte para el constructor.

Que el entonces Alcalde cobraba coimas a través de un hombre apodado el ‘Oso Yogui’.

Que le constaba que un contratista llamado Faisal Cure entregó tres mil millones de pesos a Álex Char para ser usados en campañas, como parte de una comisión por haberse ganado unos contratos en sociedad con el empresario Julio Gerlein.

Y que unos concejales recibieron coimas por aprobar las vigencias futuras que permitieron contratar algunos de los grandes proyectos.

El virus, pero también la fuerza del tiempo y la inoperancia de la justicia hicieron que, poco a poco, todo eso quedara en el olvido mediático.

Que se sepa, Merlano nunca entregó las pruebas que prometió aportar para sostener sus graves acusaciones. Y, nueve meses después, nada ha sucedido con la solicitud de extradición que el gobierno colombiano decidió tramitar con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y no con el dictador Nicolás Maduro.

Para verificar lo dicho por la excongresista, que además va en la vía de una recién desempolvada denuncia según la cual un contratista presuntamente pagó un soborno a Álex Char por un contrato.

Entrevistamos a 23 fuentes en Barranquilla, entre políticos, funcionarios y exfuncionarios, congresistas, veedores, concejales y exconcejales, contratistas, periodistas y expertos en licitaciones. A todos les concedimos el off the record porque sólo así accedieron a hablar. Sólo incluimos las versiones en las que coinciden. También, revisamos los procesos licitatorios de las grandes contrataciones que hizo Char en su segundo mandato (2016 a 2019) y consultamos a varios expertos en contratación y contratistas de otras ciudades.

No pudimos verificar varias de las acusaciones de corrupción que hizo Aida Merlano en concreto ni identificar ninguna que pruebe el involucramiento directo de Álex Char en algún ilícito.

Pero sí descubrimos varios rasgos del modus operandi de la segunda Alcaldía de Char, que tiene unas particularidades que la distinguen de otras administraciones: un sistema de contratación con unas condiciones contractuales casi únicas en Colombia, que garantiza una alta eficiencia y también facilita que circule gran cantidad de dinero de cualquier origen; una porción significativa de la contratación en manos de grandes contratistas con estrechos lazos con los Char y algunos con cuestionamientos; una empresa mixta que tiene entre sus dueños sociedades de los Char y a través de la cual se contrataron las interventorías de varios megacontratos a dedo; y un Concejo clave en la autorización de esa contratación, que sesionó muy poco, y siempre en sintonía con el Alcalde.

Un entramado complejo en el que el clan que manda hace ya casi 16 años en Barranquilla controla todo y cuya historia puede empezar a entenderse a partir de lo que pasó justamente con la corporación.

Un Concejo subalterno, clave en la contratación

En esa Administración de Char II, el Concejo fue especialmente clave porque buena parte de la megacontratación que se licitó en ese periodo tuvo que ser autorizada por los cabildantes, debido a que comprometía vigencias futuras y así lo exige la ley.

Durante muchas administraciones anteriores a Char, y como se ve en casi todas las ciudades, esa corporación caminaba al ritmo de la negociación burocrática que pudiera hacer con el alcalde de turno.

Según relata un político con acceso a la cúpula charista, los Char entendieron que para no desgastarse, necesitaban un concejo que fungiera como un ente subalterno, con el que no tuvieran que perder tiempo cuadrando cuotas o favores.

Dos exconcejales y un concejal charistas, todos por aparte, con conocimiento de primera mano y a condición de no ser citados para evitarse líos, coincidieron en asegurarnos que eso lo lograron por dos vías: patrocinando candidaturas de concejales propios y de otros grupos locales, con los que, por ese camino, sellaban una alianza permanente. Y otra, pagando por debajo de la mesa a varios de ellos un porcentaje de las obras que autorizaran.

Dos concejales que nos hablaron coincidieron en el supuesto porcentaje que algunos pactaron como coima: 0,3 por ciento del monto que se contratara gracias a lo aprobado, para repartir entre algunos de los charistas.  La interlocución, según ellos, la hacía la Alcaldía únicamente con la mesa directiva del Concejo, a la que le llegaba la plata para repartirla entre los charistas, según las fuentes.

Uno de estos dos entrevistados nos reconoció haber recibido el billete y detalló:

“Esa plata la recibían los que acá llamamos ‘la vieja guardia’, los concejales más veteranos que siempre estaban en la mesa directiva, ellos repartían, pero no a todos nos tocaba igual, precisamente eso era al criterio de ellos (los de ‘la vieja guardia’). Entonces había algunos a los que les daban poquito. Eso pasaba siempre en alguna oficina del Concejo. A mí a veces me daba pena ajena verlos cuando se ponían a pelear milloncitos, que porque a uno le dieron más que a otro. Tú ahí entras en el juego o no existes”.

Ese político no nos dijo quién en la Alcaldía era la persona encargada de repartir la plata o de hacer la negociación, pero contó que la interlocutora con el Concejo por parte de la Administración para aquel momento era la secretaria general, Ana María Aljure, una de las funcionarias de más confianza de Álex Char.

Aljure dio una entrevista telefónica para hablar de esta larga historia.

Sobre este punto, aseguró que es totalmente falso que haya existido esa repartija de billete. Que si alguien nos lo dijo, esa fuente debería más bien denunciarlo. Y que los concejales jamás le pidieron un peso a la Alcaldía.

“Lo que pasó es que nosotros pudimos contar con un Concejo comprometido, que ama a su ciudad, y que entendió que estas obras significaban más progreso para Barranquilla. Por eso, el Alcalde no dudó nunca en invitarlos a cada inauguración de obra, a cada primera piedra”, añadió la exfuncionaria.

Intentamos comunicarnos a los chats de Whatsapp con los presidentes del Concejo de Barranquilla en 2016 y 2017, Juan Ospino y José Cadena, para preguntarles al respecto y no recibimos respuesta al cierre de esta publicación.

No se pudo confirmar con otras evidencias que haya existido el pacto del 0,3 por ciento de coimas para concejales ni cuántos de los concejales recibieron plata, más allá de los testimonios de los dos charistas que nos hablaron fuera de micrófonos, que dijeron haberlo presenciado de primera mano, y cuyos testimonios coinciden entre sí y con la denuncia de Aída Merlano.

Lo que sí pudimos establecer, y guarda lógica con la versión de las fuentes, es que durante el segundo mandato de Char los 21 concejales, incluyendo el del Polo Democrático, que se supone debía hacer oposición, le caminaron a todas sus propuestas y no le hicieron prácticamente control político.

El liberal Ramón Ignacio ‘Chacho’ Carbó, quien se convirtió en una solitaria voz de oposición, llegó a la corporación casi tres años después de que arrancara ese período, luego de una pelea jurídica por los escrutinios de las elecciones.

También, algunas veces se oía la voz disonante del concejal del Centro Democrático -hoy senador de ese partido-, Carlos Meisel, quien en ese momento dijo públicamente que el control era necesario y que el Concejo debía tener un ritmo distinto al de la Administración.

Pero, fuera de estas voces aisladas, el Concejo bailó al ritmo de Char. Por ejemplo, el primer semestre de 2017 que revisamos hicieron un solo un debate y fue contra Electricaribe, no sobre la Administración.

También establecimos que en 2016, el primer año de Char II, -aparte de no realizar casi debates ni ningún tipo de control- de manera exprés y nada usual, el Concejo le dijo Sí a un endeudamiento para contratos de obra que sumó 1,6 billones de pesos, comprometió vigencias en algunos casos hasta 2035 y dejó endeudada a la Ciudad casi hasta el tope legal del 80 por ciento de sus ingresos.

De manera exprés, porque lo hizo en tres meses; y de manera inusual, porque Char se acababa de posesionar y no se ve mucho que un Concejo apruebe a un mandatario recién llegado vigencias futuras de entrada. Luego, en 2017, volvió a aprobarle otro cupo de 200 mil millones para 10 obras con vigencias futuras.

La mayor sospecha, sin embargo, es la frecuencia con la que sesionó. La ley les permite a los concejales hasta 20 sesiones mensuales. Pero en Barranquilla, durante todo 2016, el Concejo tuvo apenas 59 sesiones ordinarias y 21 extraordinarias. Y durante todo el primer semestre de 2017, por ejemplo, sesionó sólo seis días.

Es un asunto que no es ilegal, pero sí atípico, entre otras, porque los concejales en Colombia no ganan un sueldo mensual, sino que ganan honorarios por sesión (468 mil pesos en esa época en Barranquilla). Es decir, si no sesionan, no ganan.

Lo que quiere decir que, en el primer semestre de 2017, devengaron menos de tres millones de pesos en seis meses, que es menos del salario mínimo mensual.

Más menciones al Oso Yogui

Fuera del modus operandi del Concejo durante la Administración Char, que coincide con la acusación de Aida Merlano, se escuchó de ocho fuentes diferentes la misma versión sobre que el Oso Yogui es quien supuestamente llevaba y traía las supuestas coimas durante la Administración Char.

Así lo aseguró un político charista, un exfuncionario que ha pasado por altos cargos locales y por el Concejo, un abogado experto en licitaciones que ha tenido como clientes contratistas de la ciudad, un exconcejal, dos empresarios y un congresista que ha tenido alianzas con el Clan Char.

“En Barranquilla no se mueve una hoja sin que los Char vayan de socios o tengan porcentaje, lo que tienen en política no se sostiene con aire sino con plata porque ellos todo lo resuelven con plata”, dijo el Congresista.

“Lo que tienen en política” hace referencia no sólo a controlar la Alcaldía de Barranquilla desde 2008, sino también a haber puesto gobernadora y una bancada propia de 11 congresistas en las elecciones legislativas de 2018, entre otros activos políticos de los Char.

Uno de los empresarios que nos habló nos contó que él se ganó una de las obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 (que se hicieron con plata de la Nación, del Departamento y del Distrito), y después de la adjudicación, llegó el Oso Yogui a pedirle plata, supuestamente a nombre de Char.

“Todo el proceso se llevó a cabo normal, desde el criterio técnico, lo ganamos en segunda ronda. La cosa pasó después, cuando ya lo teníamos adjudicado. Llamaron al orden a uno de mis socios, el Yogui lo buscó, a nombre de Char, para pedir plata, lo mandamos al carajo”, aseguró la fuente.

El Oso había sido mencionado en el mismo sentido en las acusaciones de Aída Merlano. Y también en unos chats que, hace unas semanas, se revelaroncomo parte del soporte de la denuncia que puso un ganadero, llamado Luis Enrique Guzmán Chams, quien confesó haber pagado un soborno para una obra de la Alcaldía de Álex Char.

El ‘Oso Yogui’ es un personaje cuya trayectoria ha sid, cuando hace dos años lo mencionaron mediáticamente en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la ciudad: el del saqueo a la Triple A, la empresa mixta de servicios públicos de los barranquilleros.

Aunque a él directamente no lo vincularon al caso judicial, su papá -un exdiputado liberal llamado Héctor Amarís Piñeres- reconoció haber ayudado a saquear casi 30 mil millones de pesos de la Triple A, según la Fiscalía, a través de una empresa llamada Iarco Limitada, sobre la que se estableció que pertenecía en ese momento a Claudia Lora, esposa del Oso Yogui.

Lo que investigamos en ese momento, 2018, es que el Oso Yogui era el asesor, compañero de rumbas y asistente predilecto del entonces alcalde Álex Char.

Intentamos obtener un pronunciamiento de Amarís para esta historia y no nos contestó.

El abogado de Álex Char, Iván Cancino, quien nos atendió cuando buscamos al exalcalde para pedirle su respuesta a estas versiones, nos respondió que “Álex Char nunca ha pedido dinero a contratista alguno y jamás ha comisionado a persona alguna a pedir dinero a contratistas”. Que Héctor Amarís (el ‘Oso Yogui’) tuvo una labor de asesor en la Alcaldía, pero luego se retiró.

En la misma vía nos contestó Ana María Aljure, la exsecretaria general de Barranquilla, cabeza de los procesos licitatorios de Char II. Destacó que todas las obras que se contrataron durante la segunda Administración de Álex Char se hicieron y, que esa es la mayor evidencia de que no se entregaron coimas por sus contratos.

“Esas versiones se caen por su propio peso cuando tú miras las obras hechas. Cuando tú le quitas una moneda a una obra, eso se nota en su calidad. Y ahí están nuestras obras… nosotros logramos, en el nombre de Dios, unas obras perfectas, no tenemos ni una demanda de nada… lo que pasa es que, como dice la Biblia, al árbol que da frutos es al que le tiran piedras”.

Efectivamente, y en un asunto que contrasta con otras ciudades en donde los rumores de corrupción empiezan por obras que no se hacen, en Barranquilla las obras del segundo tiempo de Char se han entregado sin líos.

En 2016, el entonces gerente de Desarrollo, y hoy alcalde heredero del charismo, Jaime Pumarejo, dijo que estaban construyendo una “nueva Barranquilla”, con proyectos como parques, planes viales, la canalización de los problemáticos arroyos, el centro de eventos Puerta de Oro y el gran malecón que le devolvió la mirada al río Magdalena.

Como nos dijo Ana María Aljure, “sin una demanda” en contra e implementando unos pliegos que establecieron grandes exigencias financieras, jurídicas y de experiencia, que no contemplaban casi en ningún caso la entrega de anticipos. Y en otros usaban una figura llamada “crédito proveedor” que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente define como “aquellos créditos mediante los cuales se contrata la adquisición de bienes o servicios con plazo para su pago.”

Es decir, algunas de las grandes obras de Char II se hicieron y se terminaron sin que la ciudad haya desembolsado un peso. El contratista ponía toda la plata, financiando a la ciudad, y sólo después de entregar el trabajo completo y a satisfacción empezó a cobrar al Distrito que le pagaba a cuotas.

“En cambio de endeudarse con los bancos, la Administración se endeuda con uno”, explicó uno de esos congresistas, tras afirmar que jamás la Alcaldía le había pedido un soborno para darle el contrato.

El sistema de contratación

Se revisaron todos los contratos por más de tres mil millones de pesos entregados por la Alcaldía de Álex Char entre 2016 y 2019. De esos 211 contratos que ganaron 197 empresas, cuatro grandes contratistas ganaron un monto total de 925.561 millones de pesos en 23 procesos licitatorios, el 46 por ciento de todo lo licitado en ese periodo, según la información del Secop.

Los megacontratistas son las empresas Inversiones Jacur y Compañía Limitada, Valores y Contratos S.A. Valorcón, Mota Engil S.A.S y A Construir S.A.

Los 23 procesos contractuales que en total constituyen su megacontratación incluían en ocasiones más de un contrato porque algunas de las grandes obras fueron entregadas por módulos, es decir, varias partes de un gran proyecto se licitaron al mismo tiempo.

Apenas en cinco de esos procesos se contempló la entrega de anticipos, ocho se hicieron con vigencias futuras y en siete se usó la figura de crédito a proveedor.

Esos siete procesos de crédito a proveedor suman medio billón de pesos: unidos en uniones temporales Valorcón y Jacur ganaron en tres (271.367 millones en total), A Construir también en tres (214.353 millones) y Mota Engil en uno (87.357 millones).

En los pliegos de esas licitaciones consta que algunos de los créditos de esos privados al Distrito de Barranquilla se terminarán de pagar en 2024, 2031 y 2035.

Al decir de dos expertos en licitaciones consultados, la modalidad de contratación utilizada en Barranquilla durante la Administración Char de crédito proveedor no es común en otros lugares del país porque no es usual que un contratista, así cuente con el músculo financiero, asuma el riesgo de prestarle al Estado, en cambio de usar su capital de forma más productiva.

“En el mundo capitalista todo buen negocio tiene un nivel óptimo de deuda”, explicó un experto en el tema.

Este sistema de que los contratistas presten a la Alcaldía la plata para hacer la obra suele poner una barrera de entrada tan alta que la contratación termina concentrada en manos no solo de contratistas muy grandes sino de aquellos que tienen vínculos tan estrechos con la administración que confían en que les van a pagar. Y, más allá de eso, el esquema crea un riesgo de que plata de cualquier procedencia termine siendo lavada por el mismo Estado.

“Lo normal es que un ente territorial, si no tiene para una obra, se endeude con un banco, no con el privado. Esta es una práctica poco recomendable en la que con créditos que no se conocen, se limita la licitación sólo a los más grandes”, explicó el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia, Germán Pardo, quien aseguró que este tipo de financiación de los privados no es para nada usual y menos en obras de infraestructura.

“Es una manera siniestra de excluir a algunos grupos de ingeniería y una forma de abrir una puerta a empresas con plata quién sabe de dónde”, añadió Pardo.

Un experto en lavado de activos definió el riesgo que plantea un esquema de contratación como este así: “Sacas una plata de cualquier lado, la traes con un esquema que llamas deuda y recibes ingreso de la entidad pública y nadie se pregunta el origen de ese capital”.

Confirmarnos con dos megacontratistas de otras regiones, y un experto que ha asesorado a entes territoriales para procesos licitatorios, y uno de los contratistas y el experto nos dijeron que nunca habían visto la figura de crédito proveedor por fuera de Barranquilla, mientras el tercero afirmó que nunca la había visto en general.

Este sistema ha terminado concentrando la gran contratación en un puñado de empresarios, con estrechos vínculos con los Char, y algunos con cuestionamientos.

Las estrechas relaciones con los megacontratistas

De los cuatro contratistas que concentraron casi la mitad de la megaconcentración durante el segundo mandato de Char, uno comparte negocios con la familia Char; con otro tienen una alianza política; el tercero dicen que fue parte de su campaña; y el cuarto es visto como uno de los sostenes de la popularidad del clan.

Su principal cabeza es Faisal Cure Orfale, el contratista mencionado por Aída Merlano como el empresario que supuestamente entregó tres mil millones de pesos a Álex Char de coima, que fueron usados para financiar campañas políticas.

Dos políticos cercanos a los Char lo describieron como “el socio de Fuad Char, él es Fuad”, queriendo decir que en su contratación gana plata, por debajo de la mesa, el patriarca Char, un asunto que le quisimos preguntar directamente a Cure, pero no fue posible porque no obtuvimos respuesta del celular que de él nos dieron.

Sí encontró que hay dos empresas que muestran que efectivamente hay relaciones comerciales entre Faisal Cure y la familia Char a través de negocios diferentes a los contratados con la Administración Char.

La primera se llama BSJ Construcciones SAS, una empresa constituida en mayo de 2014 y que tiene como dueños a Jacur y dos empresas de los Char.

Esas dos empresas son Bapacol SAS, dueña del 40 por ciento de BSJ y que hasta 2010 se llamó Char Abdalá & Cia.

Bapacol gestiona activos inmobiliarios de la familia Char por 160 mil millones de pesos, y sus dueños son Antonio Char Chaljub, hermano de Álex Char, (0,6 por ciento) y Glasbury Investments SA (99,4 por ciento), una empresa registrada en Panamá cuyo apoderado para noviembre del año pasado era el patriarca de los Char: Fuad Char.

La segunda empresa accionista de BSJ es Simba SAS, que tiene otro 40 por ciento de la compañía, y es de propiedad de miembros de la familia Char Carson.

El principal es Roberto Char Carson, gerente suplente, primo de Álex Char y quien ha sido miembro de la junta directiva del equipo de fútbol del clan: el Junior de Barranquilla.

Según los registros de Cámara de Comercio, el gerente de Simba es José Manuel Carbonell, quien a su vez guarda varias relaciones con otras empresas de la familia Char como: vicepresidente Financiero de Supertiendas Olímpicas, representante legal de Compañía e Inversiones Olímpica, gerente suplente de Incopac SAS y accionista de Serfinanza, el banco de los Char.

El tercer accionista de BSJ es Inversiones Jacur SAS, la empresa con la que Faisal Cure contrató varias de las obras de Char II en Barranquilla.

La segunda empresa que prueba una relación comercial entre los Char y Cure se llama Desarrollos Inmobiliarios del Caribe SAS, Deinca.

La constituyeron en septiembre de 2018 -es decir, en el segundo mandato de Char, cuando Cure ganó esta gran contratación- Faisal Cure y Fuad Arturo Char Warner, hijo del presidente del Congreso, Arturo Char (hermano de Álex).

Char Warner quedó con el 55 por ciento de la compañía, y Cure con el 45 por ciento.

Este año, las acciones de Char Warner en Deinca las absorbió Bapacol, la firma que administra los activos inmobiliarios de los Char. Desde entonces, Jorge Angel Zea Yepes, la cara de Bapacol, es el gerente suplente de  Deinca.

Es una empresa ligada al empresario Julio Gerlein, quien hizo con los Char una alianza política para las elecciones legislativas de 2018 alrededor de la candidatura al Senado de Aída Merlano.

Esa sociedad política es clave porque determinó el final del clan Gerlein en el Senado -que en cabeza del exsenador Roberto Gerlein, hermano de Julio, había tenido asiento allí por poco más de medio siglo- y, con ello, ratificó aún más el poderío y la hegemonía charista.

Julio por décadas mantuvo junto a su hermano Roberto un poderoso matrimonio que tenía un pie en la política y otro en el sector privado. Se distanciaron justo antes de las elecciones de 2018.

Con 80 años y varios quebrantos de salud, el senador Roberto decidió no aspirar y su hermano Julio decidió separarse de él y respaldar para reemplazarlo a Merlano en alianza con los Char, que le pusieron de fórmula a la Cámara por debajo de la mesa (pues las dos pertenecían a partidos diferentes) a su candidata Lilibeth Llinás, quien resultó también investigada en el caso Merlano.

El empresario es uno de los protagonistas del escándalo de Aída Merlano, de quien fue pareja y principal patrocinador.

En agosto de 2018, la Fiscalía le imputó cargos por supuestamente estar relacionado con la red de corrupción electoral que lideraba la excongresista. Poco antes de que eso sucediera, Valorcón sacó un comunicado asegurando que Julio Gerlein no era socio desde 2001, pero que por su experiencia le consultaban ocasionalmente temas puntuales.

Pero, el certificado de la Cámara de Comercio de Valorcon muestra que el empresario renunció a ser suplente del gerente solo hasta febrero de 2018.

Antes y durante la Administración Char, el Clan Gerlein tenía siete concejales propios  (que ya no tienen y cuyos espacios ocupan hoy políticos aliados de los Char), que le permitían tener gran capacidad de negociación con la Administración.

Como contamos  en una investigación de megacontratistas de Char que sacamos el año pasado, es una de las empresas por medio de la cual la cuestionada multinacional portuguesa Mota Engil opera en Colombia.

Esa multinacional, que empezó a operar en Latinoamérica en 2008, ha tenido varios cuestionamientos en el continente, como la terminación de un contrato por incumplimiento en Paraguay y una acusación de corrupción por parte de la Fiscalía peruana.

En el segundo periodo de Char ganó varios contratos, repartidos entre sus tres empresas: Mota Engil Latam Colombia S.A.S., Mota Engil Col S.A.S. y Mota Engil Engenharia e Construçao S.A.

En el relato extraoficial que nos hicieron del sistema de contratación de Barranquilla, tres fuentes aseguran que la contratación de Mota Engil Col es en realidad para Samuel Tcherassi, un polémico empresario que es socio de Mota en todos los contratos que se ganó pero con una empresa que en ese momento no tenía experiencia, pues fue creada un año antes.

Se llama Consortium Infraestructura, la creó en 2015, y fue una de las grandes ganadoras entre otras de los contratos de canalización de arroyos de Barranquilla durante el primer año de Char II, cuando apenas tenía 10 meses de creada.

En contexto, Tcherassi es el controvertido dueño de EPK Kids y recordado por haber sido mencionado en el escándalo de las empresas ficticias que varios empresarios crearon para quedarse con el control de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2013.

En aquel entonces, Tcherassi y otros empresarios querían poner a la cabeza de la Cámara de Comercio al hoy alcalde charista, Jaime Pumarejo.

“Ese contratista (Mota Engil) es Samuel Tcherassi, que fue clave en la campaña de Álex, recuerdo varias reuniones en su casa, era una suerte de gerente”, nos aseguró un congresista del Atlántico.

Otro político, de la cúpula charista, coincidió al decirnos que Tcherassi jugó “un papel informal” en la campaña de Char y que supuestamente la respaldó con dinero, pero revisamos y no encontramos ningún aporte en el portal Cuentas Claras.

Es la empresa que lleva 12 años siendo el mayor contratista de Barranquilla. En el segundo tiempo de Char es la que tuvo más contratos, y la que más plata contrató en total. Casi todo fue para hacer calles, parques y canalizar arroyos.

A Construir es la principal empresa para contratación pública de los poderosos hermanos Daes (José Manuel ‘el Yuyo’ y Christian) y en un menor porcentaje (30 por ciento) del ingeniero Luis Eduardo Barrios, quien es el gerente.

Los Daes, como hemos contado, son los dueños de la pujante empresa Tecnoglass y también el objeto de críticas de un sector de la sociedad barranquillera que los rechaza por la investigación por narcotráfico que les abrieron en Estados Unidos hace 20 años y posteriormente les cerraron.

Los Daes no tienen alianzas políticas con los Char y tampoco les encontramos relaciones comerciales, pero a través de su reconocido (y temido por algunos) poder en la ciudad y de su generosidad con Barranquilla, con varios periodistas, y con la gente más necesitada se han convertido en uno de los sostenes de la popularidad del clan, como lo contamos en esta historia.

Han regalado varias cosas a Barranquilla, como el famoso monumento de la Ventana al Mundo y otro monumento para el Junior, el equipo de la ciudad, propiedad de los Char, del que son grandes hinchas, que incluye un busto para el patriarca Fuad Char.

También, Tecnoglass patrocinó un libro en homenaje a Álex Char, llamado La voz del alcalde, publicado al final de su segundo mandato y escrito, entre otros, por el hoy asesor de prensa del mandatario charista Jaime Pumarejo.

“Los Daes no son de los Char, ni los Char son de los Daes, pero son los dos grandes poderes en la Barranquilla de hoy, en términos económicos y comunicativos y de imagen”, comentó al respecto un periodista político.

La interventoría

La otra pata del modus operandi de la Administración Char fue el rol que jugó en la interventoría la empresa mixta Edubar, que tiene la particularidad de también tener entre sus dueños sociedades de la familia Char.

Edubar es una empresa de economía mixta que Char eligió, a través de convenios directos, para que contratara con terceros la interventoría y diseños de una parte significativa de las obras de los cuatro megacontratistas de la ciudad. Y también para que hiciera y supervisara ella misma obras.

La Administración realizó con Edubar 39 convenios directos que convirtieron a la empresa en el sexto megacontratista en los cuatro años de Char. Dentro de lo que se  rastreó, en ese período, Edubar consiguió 419 mil millones de pesos en contratación.

Esos convenios interadministrativos son permitidos por la ley, pero han generado críticas porque las empresas mixtas se rigen por derecho privado, lo que hace más difícil hacerle veeduría a la contratación que le delegue un ente público.

La empresa mixta Edubar tiene socios públicos, a los que denomina Clase A, y privados, a los que denomina Clase B.

En la página web de Edubar, aparece que el 74 por ciento es de los Clase A, es decir, el sector público (Distrito de Barranquilla, departamento del Atlántico y otros, que no especifican).

El acta de asamblea de accionistas más reciente que aparece en la Cámara de Comercio de Barranquilla es del año 2018 y allí se señala que estuvieron presentes como accionistas públicos: el Distrito, con un 67,9 por ciento; el Área Metropolitana de Barranquilla, con un 3,6 por ciento; y el departamento con el 1,1 por ciento; lo que suma 72,7 por ciento.

La clase B son los privados. En la página oficial de Edubar, la Sociedad Portuaria Río Grande y la Triple A están reseñados como los mayoritarios dentro de esa clasificación.

En ambas, los Char tenían injerencia para el momento en el que decidieron delegarle contratación a Edubar. En la Triple A por un asunto obvio y es que Char manejaba la Alcaldía que está entre los dueños.

Pero además, en la Sociedad Portuaria Río Grande, la familia del Exalcalde tenía en los registros públicos más recientes el 18,96 por ciento de las acciones a través de Supertiendas Olímpica (12,75 por ciento) y Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales SA Socinsa (6,21 por ciento).

Esa composición accionaria data de abril de 2016, primer año del segundo mandato de Char y fecha del último registro de accionistas disponible en la consulta de expedientes de esa empresa en la Cámara de Comercio.

Además, la cabeza de Edubar para el momento en el que se dio esa contratación también tiene relación con los Char: su gerente Ramón Vides, quien luego de 10 años al mando de Edubar, en 2019 renunció para aspirar a la alcaldía de un municipio de Sucre con el apoyo de los Char, como lo contamos.

Si bien Edubar existe desde 1990, la dimensión de contratación que el Distrito le ha dado para que maneje ha incrementado considerablemente los últimos años, como queda en evidencia con el historial de convenios interadministrativos entre el Distrito y Edubar para ejecutar interventorías y diseños, que nos entregó el propio Distrito, en respuesta a un derecho de petición.

Entre  2012 y 2015, el total de contratación vía convenios interadministrativos sólo para interventorías y diseños con esta empresa fue por 19 mil millones de pesos, mientras que durante la segunda Administración de Char fue por 360 mil millones.

Iván Cancino, abogado de Álex Char, respondió frente a las relaciones del clan del Exalcalde con sus súper contratistas, incluido Edubar, que, en ninguno de los casos hay causal de inhabilidad o incompatibilidad. Que, aunque Barranquilla ha crecido, es normal que muchos se conozcan entre sí y que ningún aportante a su campaña fue contratista de su Administración.

Lo mismo nos dijo uno de los megacontratistas con el que hablamos: “Aquí todos nos conocemos. Fuimos al mismo colegio. Barranquilla ha crecido pero sigue siendo un pueblo grande”.

Asuntos todos ciertos, aunque no despejan las dudas alrededor del “milagro barranquillero”.

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