Richard Aguilar, el poderoso senador de Cambio Radical, exgobernador de Santander e hijo de Hugo Aguilar (el famoso expolicía, condenado por ‘parapolítica’ y ahora preso por ocultar un Porsche y otros bienes dentro de un caso por lavado de activos) está siendo indagado por la Corte Suprema por el presunto cobro de coimas.

El joven senador Aguilar –elegido con más de 76.000 votos y, sin duda, uno de los alfiles más prometedores de su partido– es indagado por la Corte Suprema por el presunto cobro de jugosas coimas, en contratos por más de 556.000 millones de pesos, cuando se desempeñó como gobernador de Santander (2012-2015).

El junio pasado, la Corte ordenó allanar un lujoso condominio en Bucaramanga, donde vive Julián Jaramillo, otro asesor de confianza del hoy senador, quien fue su director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura.

La orden la impartió el magistrado César Reyes quien ha ordenado decenas de pruebas y testimonios.

Buena parte de la información que enreda al senador la han aportado Claudia Yaneth Toledo –exsecretaria de Infraestructura de Santander, durante la administración de Aguilar– y su esposo, Lennin Darío Pardo.

Medios de comunicación revelaron hace meses que, a cambio de beneficios judiciales, ofrecieron entregar pruebas de que la cabeza del entramado de corrupción en la contratación es Richard Aguilar.

Incluso hablaron de una sede paralela de la Gobernación en donde se cuadraban pliegos licitatorios, requisitos contractuales, oferentes y coimas.

Después de escucharlos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte para que se investigara al senador Aguilar, en ese momento vocero oficial del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Sin embargo, también les imputó a Toledo y a su esposo interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Además, el 16 de julio pasado, el fiscal Francisco Barbosa les negó un principio de oportunidad que se venía cocinando desde la administración de Néstor Humberto Martínez.
Se estableció que, hace un mes y un día, el 8 de octubre, el proceso contra el senador Aguilar se volvió a mover de manera particular.
En efecto, el magistrado Reyes le envió al fiscal Barbosa un documento que lleva el sello de ‘información reservada’ y como asunto: ‘principio de oportunidad’.
El texto lo conocen muy pocas personas, pero fuentes judiciales confirmaron que allí se hace un recuento de la evidencia que la pareja ha entregado en el alto tribunal y cuya autenticidad ha verificado la Corte.
De hecho, ambos entregaron sus celulares para que se extrajera toda la información, con cadena de custodia.

La información implicaría a Aguilar en la supuesta exigencia de coimas en varios contratos, incluido el del reforzamiento del estadio Alfonso López.

El magistrado Reyes le dice al Fiscal Barbosa que, a petición de la defensa de la pareja –en cabeza del penalista Jaime Lombana–, le pone de presente los medios de prueba ofrecidos por los Toledo Pardo, en el marco del proceso de colaboración que están ofreciendo.

Fuentes establecieron que varios de esos medios de prueba nunca llegaron al despacho del fiscal Barbosa, el único que puede conceder los principios de oportunidad, que luego debe avalar un juez.

“Buena parte de la evidencia reposaba exclusivamente en la Fiscalía de Santander, y es muy posible que el despacho del fiscal Barbosa no la conozca. Pero ya hay una copia de todo en la Corte Suprema”, dijo un investigador. Y agregó que, por eso, para la Fiscalía, Toledo y su marido serían una especie de ‘falsos testigos’ contra Aguilar.

De hecho, el contratista involucrado en uno de los contratos bajo la lupa, Octavio Reyes (que no habló en contra del senador de Cambio radical), sí obtuvo un principio de oportunidad, aprobado por el despacho del Fiscal General.

Altas fuentes del ente acusador le dijeron confirmaron que Barbosa es autónomo en el otorgamiento de beneficios.

Además, que ahora está a la espera de nuevos elementos para evaluar si en este caso procede o no la gabela judicial para Claudia Toledo y para su esposo.

¿Injerencia indebida?

El penalista Iván Cancino, abogado del senador Richard Aguilar ante la Corte Suprema, se abstuvo de hablar tanto del expediente como de la carta remitida por el magistrado Reyes.

Sin embargo, allegados al senador aseguraron que esa carta es una injerencia en los asuntos de la Fiscalía.

Además, que la pareja Toledo Pardo miente: “No han hecho otra cosa que contradecirse en sus versiones y decir cosas que no son”. Y agregaron que el senador está tranquilo, porque sabe que actuó apegado a la ley y a las normas y que el caso debería ser archivado.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here