Desde que empezó la pandemia, además de la atención de la misma, en Colombia ha habido una preocupación: el correcto manejo de los recursos destinados para esto. En ese sentido, nueve organizaciones crearon la llamada Alianza Ciudadanía Activa, que recientemente realizó varias recomendaciones para tal fin.

La principal conclusión del documento es que hay dificultades para el acceso a la información pública en sistemas como el SECOP. En ese sentido, las recomendaciones fueron dirigidas a la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), a las entidades contratantes, a las autoridades locales y a los órganos de control e investigación.

Dicha alianza está conformada por la Alianza por una Cali más Transparente y Participativa, Corporación Región, Foro Costa Atlántica, Funcicar, Corporación Cívica de Caldas, Cordupaz, Corporación Vigía Cívica – Pereira, Comité Transparencia por Santander y Transparencia por Colombia.

Según la alianza, desde que se declaró la emergencia por covid-19 en Colombia, se han celebrado 19.882 contratos destinados a este fin, por un valor aproximado de $2,5 billones.

La primera recomendación es, justamente, la necesidad de mejorar la calidad de los datos públicos: “se recomienda estandarizar la información y utilizar los mismos términos y campos en las plataformas SECOP I y II y la Tienda Virtual del Estado”. También indicaron que, en ese sentido, es necesario que se realicen capacitaciones periódicas en el uso de estas plataformas y publicar los datos de manera oportuna.

El otro grupo de recomendaciones tiene que ver con “promover el acceso a la información como un derecho y una tarea permanente”. En ese sentido, las organizaciones mencionaron que es obligación de las entidades que contratan y de las autoridades locales responder de manera oportuna los derechos de petición. Además, que “se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad”, por lo que se debe “verificar las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes contratan”.
El último punto es un llamado a los órganos de control para que actúen de manera efectiva y oportuna, primero, para “garantizar el acceso a la información de procesos de interés público, (porque) es fundamental que la ciudadanía pueda disponer de herramientas y estrategias para hacer seguimiento a los procesos de las investigaciones”.
También indicaron que se debe “reforzar la función preventiva de los órganos de control en la contratación estatal, sobre todo a nivel regional, con el fin de alertar a los funcionarios y evitar graves perjuicios por acciones u omisiones de las entidades públicas en la gestión contractual. Y que la Fiscalía avance oportunamente en la en la investigación y recopilación de pruebas”.

James Fonseca, director de la Corporación Vigía Cívica – Pereira, señaló que “esperamos que las autoridades e instituciones puedan tomar como insumo y aceptar estas recomendaciones para continuar avanzando en la transparencia y el acceso a la información”.

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