Para fortalecer medidas que hay contra la corrupción como responsabilidad de las empresas, la extinción de dominio y brindar más garantías para que se denuncie a los autores de esas acciones, el Gobierno Nacional radicó este martes ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley anticorrupción.
El mismo fue logrado con el aporte de 25 entidades del Estado, en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien, en conjunto con la Secretaría de Transparencia, logró la redacción de este proyecto que se fundamenta en doce temas, como por ejemplo expedir nuevas medidas de protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción lo haga con la seguridad, en caso de ser empleado, no vaya a ser despedido.
De la misma forma, según indicó Ramírez, se incluyen normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en los casos de corrupción, el fortalecimiento de las actuales medidas de extinción de dominio para facilitar el procedimiento.
Se dispone en el proyecto también un mecanismo de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción; se dispone del fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción; mayor transparencia en el proceso de elección de personeros y en el desarrollo de su gestión.
La vicepresidenta igualmente resaltó que adoptan disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción; ajustes a la acción de repetición contenida en la Ley 678 de 2001; ajustes al régimen disciplinario para combatir la corrupción y finalmente normas en materia contractual para la moralización y la transparencia.
Señaló además que la ley fortalecerá, como nunca, la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción que vincula, entre otras, delación, sanciones a personas jurídicas, extinción de dominio.