La Procuraduría General de la República resolvió destituir a Luz Amanda Camacho Sánchez como gerente general de ese organismo en Casanare para el año 2013.
Además, la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años, por lo que debería abandonar la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), para la cual fue designada en enero de 2020 por la alcaldesa Claudia López.
Esta decisión en primera instancia se debió al delito de falsedad ideológica, hallado contra de la señalada, al determinar que hubo irregularidades en la publicación del Estado N° 39 de la Secretaría Común de la Gerencia Departamental con respecto a un proceso de responsabilidad contra Héctor Orlando Piragauta.
Según la investigación, dentro de ese procedimiento se emitió un recurso de reposición fijado a una hora determinada, pero se descubrió que este se produjo posteriormente, a cargo de Sandy infante Díaz, quien era Auxiliar de la Secretaria Común de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare.
Infante Díaz, quien también fue destituida de ese cargo, había sido presionada por Camacho Sánchez para ejecutar tal irregularidad, según consta en al decisión de la Contraloría General.
Pero en su caso, la inhabilitación y suspensión de su cargo fue solo por un año, por los delitos de falta gravísima culposa, pues se determinó que la funcionaria pudo negarse a la publicación del Estado.
Tampoco trabaja más en la Planta Transitoria de Personal de la Contraloría, como medida disciplinaria que se suma a la multa de $ 1.146.158.
Este no es el único expediente delincuencial que pesa sobre Luz Amanda Camacho Sánchez
La funcionaria fue salpicada en 2019 con una investigación por financiación irregular de las campañas de Carlos Andrés Gómez y René Puentes para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Yopal en 2017.
En ese momento, la señalada era agente especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y habría coaccionado a algunos empleados para votar por el partido Alianza Verde, al cual pertenece la alcaldesa de Bogotá, y que tenía alianza con Compromiso Ciudadano y Polo Democrático Alternativo.
En 2018, fue señalada de intentar crear una fiducia por haber endeudado la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (Eaaay) por más de 1.800 millones de pesos.
También se le endilgó la creación de un «cartel de contratación» dentro de la compañía de servicios, con 90 % de declaraciones desiertas de las licitaciones que terminaban presuntamente resueltas a dedo.
Durante el ejercicio de su cargo dentro de la Eaaay, se denunció el aumento desmedido de los costos de insumos para procesamiento del agua, de entre 300 y 400 %. Elementos que tenían precio de 23.000 pesos en 2016 llegaron a costar 98.000 al año siguiente, lo que -al parecer- influyó en el aumento de los montos de facturas para los usuarios de entre 2 y 3 veces más de lo regular.