La fiscal general, Consuelo Porras, creó la Secretaría Contra la Corrupción con el fin de dar cumplimiento a los compromisos institucionales asumidos por el Ministerio Público (MP).
Esta dependencia, según el Acuerdo emitido por la jefa del MP, será la responsable de articular las acciones institucionales para la aplicación de la normativa en materia de lucha contra la corrupción.
De esa manera, esa Secretaría tendrá por objeto impulsar procesos dentro de la gestión fiscal, técnica y administrativa, que faciliten la aplicación de la normativa nacional e internacional sobre el fenómeno de la corrupción.
En esa línea, entre las funciones a cargo de esa unidad del MP se encuentran proponer políticas institucionales orientadas a la lucha contra esa práctica ilícita.
Además, deberá coordinar la aplicación de las medidas que se deriven de las normas internas y externas relacionadas a la transparencia y mecanismo anticorrupción, así como de promover acciones que fomenten el debido desempeño en el actuar de los trabajadores del ente investigador.
El documento, aprobado por Porras el 11 de marzo pasado, también pondera que la Secretaría debe facilitar accesos tecnológicos para que los funcionarios públicos, esto para que realicen denuncias de todo acto de corrupción ante las autoridades competentes.
Esto tiene que darse, según las funciones de esa unidad, cuando ellos tengan conocimiento de los hechos, por lo que promoverá la adopción de legislación de protección de las personas que interpongan las denuncias.
Asimismo, esta dependencia estudiará y evaluará las acciones institucionales con respecto a la investigación y persecución penal de la corrupción, del lavado de dinero y extinción de domino originadas de ellas.
Por otra parte, la Secretaría tendrá que identificar los patrones recurrentes que provoquen actos de corrupción, para proponer e implementar mecanismos de combate de este tipo de delitos en el MP.