A un plan estratégico de salvamento está sometida la Cámara de Comercio de Villavicencio seis meses después de que estuvo a punto de ser intervenida por el desorden administrativo y financiero en que se encontraba.

Tenía un endeudamiento de más de 5.000 millones de pesos y cuentas por pagar de 2.000 millones, la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una sanción de 119 millones de pesos, la cual debe pagar en tres años, y le iban a quitar a Vichada, uno de los cuatro departamentos de su jurisdicción.

En mayo pasado la Superintendencia citó a una junta extraordinaria en la que les advirtió a los integrantes de la junta directiva que la iba a intervenir por el desorden y los escándalos en los que estaba involucrada.

No obstante, algunos directivos -especialmente los que habían llegado a comienzo del año pasado- habían hecho algunas denuncias y suspendieron la contratación al entonces presidente ejecutivo, Leonardo Baquero García. Tiempo después, solicitaron a la Superintendencia que les diera una oportunidad para recuperar la Cámara de Comercio.

En la Superintendencia de Industria y Comercio les aceptaron esa propuesta, pero les impusieron condiciones: tenían que nombraran un presidente ejecutivo que no sea de Villavicencio, experto en cámaras de comercio y en el tema financiero.

De varios nombres que evaluaron los integrantes de la directiva, finalmente nombraron a Mauricio Vega, con trece años de experiencia en cámaras de comercio y que hacía un año había ejercido como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, quien aceptó el reto a partir del 31 de julio.

Al recibir la entidad, lo primero que encontró fue que no había flujo de caja para pagar las nóminas de noviembre y diciembre, que el presupuesto y la nómina eran inoperantes, y 26 órdenes de prestación de servicios (OPS), también conocida como nómina paralela.

Vega sostiene que “en las cámaras de comercio eso está prohibido, porque todos los empleados deben estar vinculados con su contrato laboral, tanto para blindar a la entidad como al trabajador y si nosotros somos el referente empresarial e institucional, debemos dar ejemplo”.

Las únicas OPS que deben existir son para revisoría fiscal, asesor externo para temas laborales y un asesor para que apoye en los asuntos de Superintendencia, Contraloría y Procuraduría, y -si es necesario- un funcionario por renovación de matrículas lo contrata tres meses.

Vega sostiene que de las 57 cámaras de comercio del país la de Villavicencio era la única que tenía sindicato cuando llegó a finales de julio.

Lea también: Otto Bula condenado por caso Odebrecht

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here