La Fiscalía General accedió a una negociación con el empresario Eduardo Zambrano, considerado uno de los principales implicados en el escándalo de pagos de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, para acceder a mega obras de infraestructura en Colombia.

Se trata de un principio de oportunidad, a través del cual el empresario pide inmunidad penal a cambio de colaborar eficazmente con la administración de justicia.

Según trascendió dentro de los capítulos que tiene este escándalo de corrupción, Zambrano se comprometió a suministrar información relevante para avanzar en la investigación que se sigue por el supuesto ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a campañas políticas en Colombia.

De acuerdo con la negociación pactada con base en la importancia de la colaboración que entregue Zambrano, rendirían inmunidad penal en relación con los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

En desarrollo de los acercamientos, se evalúa la posibilidad de también concederle un preacuerdo al empresario Eduardo Zambrano, en torno al delito de enriquecimiento ilícito.

Para la Fiscalía, la información que pueda entregar Zambrano sería muy importante, teniendo en cuenta que habría estado al servicio de Odebrecht como ‘lobbista’ por más de 20 años.

De acuerdo con los investigadores, dentro de los hechos más relevantes que podría suministrar Zambrano se destacan varias reuniones en la que supuestamente hizo referencia a la intención de aportar dineros de Odebrecht a la campaña del expediente Juan Manuel Santos para el año 2010 y su reelección en 2014.

De igual forma, Zamabrano estaría dispuesto a entregar información sobre cómo la empresa que tuvo a su cargo, se prestó para lavar dineros que habrían servido para financiar campañas políticas.

Asimismo, los fiscales esperan que el empresario Zambrano entregue nuevos elementos de prueba frente a otros contratos de obras en el país sobre los cuales habría tenido injerencia Odebrecht.

Este principio de oportunidad será presentado en el transcurso de los próximos días ante un juez de control de garantías para que determine si es procedente y lo avala o por el contrario tumba la negociación.

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