anticorrupcion

Los últimos días del 2019 fueron aprovechados por el presidente Iván Duque para revisar y sancionar tres leyes que hacían parte del llamado paquete anticorrupción presentado al Congreso en septiembre de 2018.

Ahora en el país se empezarán a implementar nuevas normas:  la que prohíbe la casa por cárcel para funcionarios condenados por corrupción, la que obliga a la publicación de declaración de renta de los altos funcionarios y la que endurece el régimen de conflictos de interés de los congresistas.

Para cumplir con la disposición que obliga a publicar la declaración de renta a los altos funcionarios del Estado, el Departamento de la Función Pública ya envió un instructivo para indicarles a estos servidores públicos cómo diligenciar la información requerida.

Esta ley obliga a los congresistas, el Presidente de la República, así como magistrados, líderes de organismos de control (Procurador, Contralor, Auditor, Defensor del Pueblo y Registrador), ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes públicos y rectores de universidades públicas.

Cárcel para corruptos, este es el punto más llamativo entre las leyes sancionadas es el que prohíbe la casa por cárcel para los funcionarios públicos a los que se les compruebe un delito de corrupción y sean condenados a pagar una pena privativa de la libertad.

Esta norma rige “a partir de su promulgación”, lo que quiere decir que, en adelante, los funcionarios que sean condenados por los delitos contra la administración pública mencionados en la ley no tendrán derecho al beneficio de casa por cárcel.

Esta ley rige “hacia adelante”, es decir que quienes ya fueron condenados antes de entrar en vigencia esta ley no están cobijados por esta y podrán seguir con este beneficio.

Otra norma que ya entró en vigencia y se empieza a aplicar de inmediato es la que hace mucho más claras las causales que permiten a los parlamentarios declararse impedidos.

Es decir, que los legisladores solo podrán declararse impedidos cuando el proyecto de ley en cuestión los beneficia de forma directa, mas no cuando los afecte. Esto eliminaría de tajo la principal excusa que usaron la mayoría de los legisladores para evitar discutir el proyecto que les reducía el salario, pues alegaban un impedimento al estar afectando su propia remuneración.

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