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Algunos de las denuncias en contra de este organismo van desde clientelismo y nóminas paralelas hasta participación en política y corrupción administrativa.

El presupuesto anual de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Colombia es de 3,3 billones de pesos y, aunque en teoría son las responsables de proteger los recursos naturales, hay muchas denuncias sobre sus gestiones.

“Un director de la CAR ejerce más poder que un gobernador o que muchos alcaldes”, asegura Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.

“Yo les decía a los jefes de los partidos políticos, al día siguiente de la consulta anticorrupción: ‘este país de verdad le va a mostrar la cara de la decencia y la realidad de la lucha contra la corrupción el día que reforme las Corporaciones Autónomas Regionales’”, dice Carrillo.

El jefe del Ministerio Público sostiene, además, que “las CAR son un hueco negro a nivel del manejo del medio ambiente”.

Actualmente, hay 698 procesos en la Procuraduría contra las CAR, 396 están en preliminares; 184, en investigación disciplinaria; 73 son quejas y 45 están en intervenciones preventivas.

Se indagan denuncias por participación en política, contratación irregular, nóminas paralelas, corrupción en el otorgamiento de licencias ambientales, concesiones o permisos y hasta el indebido manejo de recursos como la sobretasa ambiental.

Las corporaciones autónomas con mayores investigaciones son la Carder de Risaralda, con 66 expedientes; la CAR de Cundinamarca, con 41; Corpoboyacá, con 38; Cormagdalena, con 37; Corpocesar, con 35; la Corporación Autónoma de Santander -CAS-, con 32; Cardique en Bolívar, con 31, y la CVC del Valle del Cauca, con 30.

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