Roberto Macías, el próximo jueves irá audiencia tras ser acusado de filtrar datos sobre una supuesta trama de facturas falsas del sindicato.
Los activistas anticorrupción, por medio de un comunicado declaran que «no continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de UGT-A, investigada por su participación en casos de corrupción como los ERE y el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa para justificar ayudas concedidas por la administración andaluza».
El próximo 28 de noviembre, Roberto Macías debe comparecer en el juzgado por un presunto delito falsificación en documento privado. El fiscal solicita tres años de prisión y una indemnización de 60 mil euros por los supuestos daños morales causados a la UGT-A, pide cuatro años de cárcel.
Según los activistas y con el apoyo de la Directiva Europea en materia de protección a los alertadores de corrupción, la acusación de la UGT –A «solamente persigue causar más dolor y daño a la persona que consideran que informó de un fraude millonario, 48,7 millones que investigan en el juzgado número 9 de Sevilla y un reintegro en firme por parte de la Consejería de Ejemplo por valor de 18 millones».
«Es inaceptable, lamentable y vergonzoso que en una de las comunidades autónomas más corruptas de Europa se mantenga abierta una causa penal contra un alertador de corrupción», según esta plataforma de activistas.
Por las razones expuestas anteriormente, solicitan al secretario general de la UGT, José María Álvarez, que «tome como referencia la Directiva Europea, y en un acto de justicia, retiren los cargos contra este honesto ciudadano que desde hace 5 años es objeto de una persecución injusta y cruel».EFE