La Fiscalía indicó que el magistrado se habría prestado para emitir fallos judiciales a cambio de dinero.
El magistrado del Tribunal de Cundinamarca al igual, uno de sus familiares y una abogada habrían participado de una red de corrupción para cambiar decisiones judiciales, que significaron órdenes para el pago de millonarias sumas por parte de entidades estatales.
Según las acusaciones, la abogada Kelly Eslava Montes, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, y Aldemaro Vargas González, primo del funcionario judicial, proferían fallos judiciales que representaron sanciones económicas, por las que también fueron pagados alrededor de 350 millones de pesos a manera de contraprestación.
Los casos
Según el fiscal de conocimiento, en una de las decisiones la Empresa de Acueducto de Bogotá fue obligada a pagar 67 mil millones de pesos por el predio de un particular ubicado en el humedal Jaboque.
Por este caso la abogada Eslava Montes, quien durante seis meses trabajó como judicante en el despacho del magistrado Vargas Bautista, supuestamente recibió 12.800 millones, de los cuales 145 millones habrían terminado en las cuentas del primo del magistrado, en depósitos que no superaban los 10 millones de pesos.
En otro de los casos, por un fallo que favoreció a un proveedor del Hospital de Ubaté, municipio de Cundinamarca, al parecer se pagaron 206 millones de pesos.
Los antecedentes sirvieron para que la Fiscalía imputara a Kelly Eslava los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y acceso abusivo a redes informáticas. Aldemaro Vargas, familiar del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, fue imputado como presunto responsable de lavado de activos.