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La procuraduría General de la Nación alertó sobre un posible acto de corrupción en la isla de San Andrés.

El ministerio público advirtió que encontró evidencias que podrían comprobar las irregularidades en los contratos firmados entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia que terminaron con los convenios administrativos.

“El convenio determinaba que la institución prestadora de salud debía gestionar los hospitales públicos del departamento, pero la administración de estos fue asignada, al parecer, de manera irregular, a dos IPS privadas, que hasta el momento los han explotado en forma totalmente gratuita”, afirma la Procuraduría en un comunicado en el que añade que este hecho “resulta censurable que el negocio jurídico fuera entregado mediante contratación directa”.

A las presuntas irregularidades en este contrato se le suma la falta de mantenimiento mensual de los bienes entregados en dicha conseción. “La IPS se comprometía a invertir $105.000.000 mensualmente, en el mantenimiento preventivo, pero al parecer, a la fecha no se evidencian soportes del cumplimiento de dicha obligación, y los hospitales se encuentran deteriorados”, se agrega en la denuncia.

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