Hace siete años un 1 de diciembre de 2012,  el gobierno intervino Interbolsa. Ese día se reveló el escándalo alrededor de los manejos de la comisionista y del Fondo Premium, que afectaron a miles de inversionistas.

Fue un fuerte golpe el que recibió el mercado de valores del cual todavía no ha podido recuperarse. Son  Miles de víctimas afectadas por el millonario desfalco que superó los $600.000 millones.

Abogado de las víctimas del caso, Francisco José Sintura, habló sobre la situación judicial de algunos de los principales implicados.

El proceso ha avanzado muy lentamente y los afectados no han logrado recuperar la totalidad de los dineros. Incluso, cree que muchos delitos están a punto de prescribir y, al parecer, el país no aprendió de esta experiencia.

 ¿En qué está el proceso y qué ha pasado con los protagonistas de este escándalo?

Hay dos casos que se destacan: el del Fondo Premium y el de la Comisionista. El último, produjo daños por encima de $200.000 millones, Rodrigo Jaramillo, principal directivo, aceptó los delitos de concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones. Por eso recibió una pena de siete años de cárcel domiciliaria. Hoy se encuentra aún pendiente el juicio por administración desleal, que prescribirá a finales de este mes. Según Sintura, Jaramillo no ha devuelto de sus propios recursos ni un centavo en forma voluntaria.

Los demás acusados Tomás Villadiego Cortina, Claudia Jaramillo Palacios, María Eugenia Jaramillo Palacios, Carlos Arturo Neira Llache, Alessandro Corridori, Álvaro Tirado, Álvaro Camaro y Luis Fernando Restrepo no aceptaron cargos. Y ya han caducado varios de los delitos por los que inicialmente los vincularon, como operaciones no autorizadas con accionistas, concierto para delinquir y administración desleal.

Aún quedan vigentes algunos cargos menores por manipulación de acciones y falsedad documental. Pero existe el riesgo de que también finalicen en el curso del año entrante, dado que el juicio avanza muy lentamente. El juez ordenó más de 100 testigos y a la fecha solo han desfilado 11. En la práctica, para el mes de julio de 2020 la administración de justicia perderá competencia para imponer sanción alguna.

En cuanto al proceso del Fondo Premium, el Tribunal de Bogotá dicto sentencia que condea a 13 años de cárcel a los principales directivos y accionistas, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por los delitos de estafa agravada, manipulación de acciones y concierto para delinquir.

También condenó a 10 años Ricardo Emilio Martínez Gómez. Y la sanción se encuentra pendiente de trámite en casación ante la Corte Suprema. No obstante las elevadas condenas, los procesados  recibieron el beneficio de prisión domiciliaria.

Por los delitos de captar dineros del público sin autorización legal y no reintegrar esos valores, Ortiz y Jaramillo negociaron con la Fiscalía y obtuvieron penas inferiores a las ya impuestas y que, por tanto, no se suman a las anteriores. Como parte del acuerdo con la Fiscalía, fueron obligados a devolver en cuotas cerca de $400 millones cada uno, suma insignificante si se considera que la estafa ascendió a más de $408.000 millones. Sin embargo, los interventores de la Superintendencia de Sociedades han logrado recuperar valores significativos para aliviar la pérdida de los inversionistas.

Para Sintura, llama la atención el elevado número de principios de oportunidad solicitados por la Fiscalía en favor de los otros procesados, como Jorge Arabia, Rachid Maluf, Emilio Martín Uribe, Adriana Rocío Villalba, entre otros. En muchos de estos acuerdos, los beneficiados con el principio de oportunidad ofrecen declarar contra Víctor Maldonado, quien a la postre podría terminar como el principal responsable si la justicia logra culminar el proceso y todas sus instancias.

Llama la atención que la defensa de Maldonado anunció que solicitará el testimonio de los varios centenares de víctimas de la estafa, lo que conduciría a la probable prescripción de los delitos. Quedan pendientes las investigaciones aún muy incipientes por el delito de lavado de activos y lo que la Fiscalía logre hacer por la vía de extinción de dominio de bienes.

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