La Contraloría General anunció este jueves que abrió una investigación fiscal contra 34 posibles responsables de detrimento en el caso de Hidroituango, donde ya son más de 3 billones de pesos por fallas en un túnel de desviación que colapsó aproximadamente hace un año y medio y que su fin era permitir las obras de la presa de la central hidroeléctrica que se realizaban sobre el cauce del río.

Lo que tiene sorprendidos a los habitantes paisas es que entre los investigados se encuentran los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; el exalcalde y actual gobernador electo, Aníbal Gaviria, y el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle, que después de su gestión pública terminó trabajando para el grupo Argos.

Las investigaciones sobre Alfredo Ramos tienen que ver con que fue en su administración departamental que las obras empezaron y se desarrolló la llamada toma hostil, en la que el Departamento tomó la ventaja accionaria sobre el proyecto y se entregó la obra de construcción a EPM, que también es socio.

Igualmente, Gaviria, Calle y Fajardo están en la mira de la Contraloría porque en sus manos estuvo el proyecto de “plan de aceleramiento”, que se hizo al ver que los constructores no iban a cumplir los tiempos de obra, lo que llevó a que se construyera un túnel de desviación auxiliar sin loza de cemento y al que se le desprendió el suelo de roca, causando finalmente el derrumbe.

El ahora electo gobernador Gaviria durante su campaña dijo en diferentes debates y entrevistas que una de sus prioridades era sacar el proyecto adelante  por el bienestar de Antioquia y no dudó en señalar que no había responsables en la emergencia, que todo había sucedido por contingencias naturales y que la prueba recae en que la aseguradora española Mapfre la cual iba a respaldar el siniestro, sin embargo los informes de la empresa chilena Skava y de la Universidad Nacional dicen todo lo contrario, ahora la última palabra la tiene la Contraloría.

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