A partir de un estudio realizado por la Global Financial Integrity (CFI), y utilizando datos comerciales de la Organización de Naciones Unidas, éste reveló que en 2016 se encontró que hubo un déficit de US$10.800 millones ($35 billones) entre las cuentas que reportó Colombia y las que reportaron sus socios comerciales. Aparentemente, existiría una gran brecha por concepto de subfacturación, lo que consiste básicamente en disminuir artificialmente el valor de las facturas de los bienes que se exportan y/o exportan con el fin de pagar menos impuestos.
Gracias a una alianza entre la GFI y Cedetrabajo, éste último usó la misma tecnología para aplicarla en el escenario de nuestro país. Si se le aplica el impuesto al valor agregado, los impuestos de aduana, el impiesto al ingreso corporativo, y las tasas de regalías en Colombia se puede inferir que el gobierno colombiano perdió alrededor de US$ 2,800 millones, lo que en pesos colombianos equivaldría a 9,2 billones.
Hipotéticamente, esa cifra de 9,2 millones podría utilizarse para financiar proyectos para el desarrollo económico y social de nuestro país. Podrían financiarse el extinto programa de Ser Pilo Paga durante 20 años, ése sería el valor que representa el presupuesto de la rama judicial para 2020, y finalmente es $2 billones de pesos más alto de lo que logró estructurarse para la Ley de Financiamiento de 2018.
Finalmente, el director de Cedetrabajo, Mario Valencio hizo énfasis en que “este tipo de ejercicios no solo permiten tener una idea del impacto monetario de la evasión, también ayudan a dimensionar todo lo que podría hacer el país si se lograra captar estos recursos: fortalecer los programas de la lucha contra la pobreza, solucionar el déficit habitacional del país, etc”.