colombia-multa-odebrecht-14-12-2018

La Procuraduría General de la Nación ha salido a defender la decisión el laudo arbitral que le puso freno a las ambiciones económicas del conglomerado brasileño.

El ministerio público ha hecho saber a la opinión pública y a la nación que no se han cometido errores en el proceso, que el contrato se puede anular por los vicios en la convocatoria y que la deuda con los banco debe ser solucionada mediante otro proceso jurídico.

Después de que el Estado colombiano anulara el contrato de la Ruta del Sol 2 debido a los sobornos que pagaron los brasileños para ganar los contratos, la multinacional ha intentado, por todos los medios, recuperar el dinero invertido debido a su accionar corrupto; aunque el litigio está prácticamente finalizado y a favor del Estado colombiano, todavía falta quemar, por parte de la firma, el último cartucho que le queda frente al Consejo de Estado, en donde se decidirá si el laudo arbitral que estableció que el país no debe pagar por la corrupción de la multinacional se mantiene o se cae.

Odebrecht busca la anulación del laudo para recuperar su inversión, al igual que la concesionaria Ruta del Sol, Corficolombiana, Episol y los bancos que prestaron el dinero para las obras, todas estas organizaciones hacen parte coincidencialmente del grupo empresarial liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los principales perjudicados por el laudo arbitral.

La procuraduría ha iniciado el contraataque; en el expediente ya está registrada la respuesta hacia los argumentos de quienes perdieron con la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que emitió la decisión en la que la nación solo tendría que pagar alrededor de $212 mil millones (valor que efectivamente fue aplicado en las obras ejecutadas por los consorcios) y no los casi $4 billones que querían endilgarle a los colombianos; el ministerio público fue contundente y enfático al mantener su posición de considerar inadmisible las pretensiones de quienes piden anular el laudo.

El ente de control aclaró que ninguna de los nueve recursos de anulación que presentaron los brasileños y sus socios en Colombia puede ser aceptado por el Consejo de Estado pues la caducidad de los contratos lo hace imposible y el carácter ético de la decisión debe marcar un precedente en la contratación pública para evitar este tipo de sucesos.

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