Dora Ordóñez, la nueva secretaria Anticorrupción de Ecuador, asegura que la malversación de dineros públicos en el Gobierno de Rafael Correa, entre el 2007 y el 2017, se estiman entre los 30.000 y 70.000 millones de dólares.

Durante una entrevista la secretaria Anticorrupción mencionó que después de varios estudios se estableció esta presunta corrupción en el país.

El informe entregado por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, arroja cifras de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se requerirían para ponerlas en marcha.

“Se contrataba bajo la categoría de ‘regímenes especiales’, contratos directos que no tenían un presupuesto referencial bien definido y donde se han evidenciado sobornos y porcentajes por coimas”, afirma Ordóñez.

La secretaria Anticorrupción, adjuntó un análisis de la Comisión Nacional Anticorrupción, “que hace referencia a 3.500 millones de dólares por daños en los diez años del anterior régimen, por lo que se habla de un total de 35.000 millones de dólares”.

Además señala, “El informe del BID se refiere a 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas”.

Por su parte, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado analizó dos obras en las que según la secretaria, “se evidencian las afectaciones a toda la actividad económica de la construcción”.

70.000 millones de dólares es la cifra calculada más elevada de esta presunta corrupción en perjuicios para el estado.

El expresidente, que dice tiene abiertos 29 expedientes penales, aseguró en una conferencia en México que se trata de una persecución política y asegura que durante su su Gobierno siempre se luchó contra la corrupción, además, manifestó que  ya han investigado “sus cuentas bancarias”, sus “movimientos financieros y migratorios, y “no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán porque sencillamente no existe”.

Entre las propuestas que impulsa Ordóñez, la nueva secretaria Anticorrupción, están la de plantear un debate ciudadano y académico a fin de elaborar una legislación anticorrupción.

 

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