Un estudio de análisis a una muestra de 90 proyectos adjudicados a Odebrecht en 8 países de Latinoamérica revelan que la corrupción le sale muy cara a las sociedades, pues se termina pagando mucho más por las obras adjudicadas
Se descubrió que por lo menos 50% de ellos habían sido adjudicado con pago de sobornos, mientras que la otra mitad no. El dato fue entregado por el catedrático de la Universidad de Chile Eduardo Engel, y quien participó activamente en la investigación que realizó el análisis de estos contratos de Odebrecht. Engel participó como expositor durante la conferencia CAF «Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo», que tuvo lugar este jueves en Quito, Ecuador.
Los datos muestran que mientras en los contratos sin sobornos el valor final de las obras apenas creció 6%, en la otra mitad de contratos adjudicados bajo soborno, los costos aumentaron 71%. Engel citó el caso de a Ruta del Sol tramo 2 en Colombia, que sufrió adiciones importantes.
Fue ese el mecanismo que en general se usó para aumentar el valor del contrato, pues las nuevas obras que se contrataron se adjudicaron no cuenta con la licitación respectiva y en no hay negociación directa entre el Estado y Odebrecht. Eso aumentó los costos a los que se habrían pagado con licitación.
Es claro para Engel, que una de las formas de impedir esta modalidad es señalar que ninguna adición se puede hacer directamente entre el gobierno y el concesionario, sino que tiene que ser adjudicada por licitación y sin la participación del contratista que ganó el proceso inicial.
Y recordó el caso de Chile, donde gracias a una reforma legislativa se impuso este principio y esto llevó a que hubiera una caída en los montos renegociados de los contratos: antes de la norma se adicionaron contratos hasta 20% del valor inicial y ese indicador cayó a 1% después de la entrada en vigencia de la ley.
Por su parte, el presidente del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales Daniel Kaufmann, puso nuevamente sobre la mesa el gran impacto de corrupción y su poder, pues al año se estima, se entregan US$2 billones (millones de millones) en sobornos a lo largo del mundo.
Por eso resaltó que lograr un buen gobierno que impida la corrupción logra impactos muy importantes en las economías. Reveló que lograr una mejor gobernanza triplica el ingreso per cápita, aumenta los niveles de educación de la sociedad, libera recursos para salud y otros rubros y aumenta y facilita el acceso de los países al financiamiento internacional.
Para él, el enfoque de la lucha contra la corrupción tiene que hacerse desde la perspectiva de «captura del Estado», porque sin lugar a dudas la corrupción no es un hecho aislado ni una decisión personal de un funcionario: se trata de todo un sistema.
«La corrupción se mueve en un sistema de reglas de juego y en muchos casos alguna élite incide en la fijación de esas reglas y todo ello es legal», comentó.
Nombro los sectores más vulnerables frente a esta situación como las industrias extractivas, el sector energético y el de infraestructura, donde las normas de adjudicación de contratos, autorización de licencias, y en general los marcos de contratación y subcontratación tienen unos intereses personales en favor de los actores mismos de ese sector.
En ese sentido, Evelyn Hernández, en representación de Infraestructure Transparency Initiative–COsT, explicó que este proyecto consiste en un programa internacional basado en un enfoque de gobernanza multisectorial que permite, a través de mesas de diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno, hacerle seguimiento a proyectos claves. Hasta el momento el enfoque ha estado centrado en la divulgación de la información de los proyectos, el aseguramiento de los mismos y al fortalecimiento de la auditoría social.