Muchos entes territoriales podrían estar adentrándose en el desierto y sin un oasis cerca.

Necesitan evitar el camino reseco de una mala decisión. Numerosos aspirantes a cargos de elección popular intentan escudarse detrás de las malogradas sillas de gobierno que les aseguran posiciones de poder gubernamental, para producir caos y conflicto entre las decisiones judiciales y las elecciones democráticas. Asombraos, pajarillos, una estrategia nada nueva y bien conocida: escudarse detrás de los votos, corrompidos por ellos mismos para, para intentarse salvarse del castigo judicial. No nos alcanzan los dedos de las manos para contar los deudores y sus pendientes. A cambio, traemos un recuento de los casos más representativos que podrían dejar a la ciudadanía con las riendas desiertas.

Yahir Acuña representa una posible rienda desierta, tanto por vía administrativa como penal. Los nexos con los paramilitares describen la situación más inminente. De su época de representante a la Cámara cuando fue presidente de la Comisión de Acusaciones y se hizo famoso por ser el investigador del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la Corte de Suprema de Justicia le abrió proceso de investigación por sus nexos con el grupo paramilitar Héroes de los Montes de María. Las declaraciones de Diego Vecino y Cadena lo señalaron de ser la ficha del grupo en la Universidad de Sucre, cuando este era representante de los egresados. Actualmente tiene investigación abierta por este hecho y eminentemente podría ser condenado dejando la cabeza de la estructura de poder del departamento desierta y a sus prosélitos, defraudados.

Los llaneros del Casanare pueden dar con un ternero desbocado y las riendas del departamento de vocación ganadera pueden zafarse del lazo del desarrollo si un gobernador elegido es encontrado culpable de alguna conducta delictiva dejando a los casanareños en una situación de interinidad. Marco Tulio Ruiz Riaño es uno de esos candidatos fuertemente cuestionados. Cuando fue burgomaestre departamental varias de las contrataciones llevadas a cabo durante su administración presentaron irregularidades lo que desembocó en la apertura de procesos fiscales y administrativos. La interventoría del transporte escolar lo tiene bajo la lupa de la procuraduría mientras un daño patrimonial por un contrato de adjudicación de obra lo tiene en la mira de la Contraloría. Delitos electorales y presuntos desfalcos que excederían los 6000 millones de pesos serían otros de los enredos de Ruíz Riaño.

Alerta ciudadanos electores de las circunscripciones departamentales, no pueden darse el lujo de elegir a aspirantes manchados por ser perseguidos por los órganos de control penal, administrativo y fiscal de la nación. No pueden dejar el desarrollo de las regiones a la suerte de los intereses amañados de los politiqueros.

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