León Valencia, director de la fundación Paz y Reconciliación, alertó en una rueda de prensa un posible “quiebre de la democracia” derivado de la corrupción y la violencia que han surgido en el camino a los comicios regionales del próximo 27 de octubre.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco la segunda entrega del informe ‘Candidatos cuestionados a Alcaldías y Gobernaciones’, en donde se pone en evidencia que 184 candidatos, de los 522 monitoreados, han sido cuestionados por diversas razones.

Si se compara frente a las elecciones del 2015, cuando fueron los partidos políticos los que tenían más aspirantes cuestionados, en esta oportunidad se presenta una situación en la cual son candidatos de coalición de varios partidos.

“Eso quiere decir que hubo un cambio en la forma de avalarse y (…) tiene que ver con el desprestigio de partidos, gente muy cuestionada que se camufla tras las firmas o las coaliciones y juegan un papel muy importante en los clanes políticos”, afirmó Valencia.

El 53 % de los candidatos cuestionados se encuentran en la categoría de corrupción, con 97 casos; le siguen 42 de herederos de parapolítica (23 %), los 17 que tienen vínculos con otros grupos al margen de la ley (9 %), quince por otros casos (7,6 %), y finalmente 13 parapolíticos que suponen el 7 % de los casos.

Acerca de los grandes “clanes” de la política, Valencia explicó que “son determinantes en las elecciones locales”, algo que también sucede en las nacionales, pero no con tanta trascendencia.

Estos clanes reaccionaron en esta campaña electoral muy fuerte frente a un fenómeno que se presentó en las elecciones presidenciales.

En las elecciones del año pasado ganaron los que se denominan “candidatos de opinión”, es decir, aquellos que no se sirven de corrupción electoral ni de las grandes maquinarias de los clanes, explicó el director de Pares.

A la segunda vuelta pasaron el actual presidente, Iván Duque, del Centro Democrático, que Valencia considera “pequeño en las regiones”, así como Gustavo Petro, que por primera vez consiguió “una votación muy alta”.

“Lo que estamos viendo es que los clanes van a mantener un poder regional y estos partidos de izquierda y el Centro Democrático tuvieron que acceder y subordinarse a coaliciones dirigidas por clanes”, explicó Valencia.
Entre los clanes mencionados por el informe está el de la familia Char, tanto en Barranquilla como en el departamento del Atlántico, del que es capital, si bien Pares considera que tienen “pretensión de extenderse” por toda la costa Caribe.

El informe detalla que en La Guajira los clanes de Kiko Gómez y Jorge Ballesteros se enfrentan en las urnas al de Alfredo Deluque, mientras que el llamado Clan de la “Ñoñomanía” del que hacen parte Alejandro Lyons y Bernardo “Ñoño” Elías (ambos involucrados en casos de corrupción), entre otros, aspiran a ganar en el departamento de Córdoba.

Por su parte, el subdirector de Pares, Ariel Ávila, afirmó que hay once zonas del país “donde literalmente no valdría la pena hacer elecciones porque ya sabemos quién va a ganar”.

En su opinión “hay departamentos donde literalmente no hay por quien votar” pues todos tienen candidatos cuestionados como son los casos del departamento de Bolívar, La Guajira, Santander o Putumayo.

En el caso del Putumayo, Ávila destacó el caso del candidato a la Gobernación Buanerges Rosero, de quien dijo cobra dinero y “puso a cobrar cheques a su suegro muerto”.

Además, hay candidatos que son de herederos de parapolítica, según explica, y otros que tienen relaciones con actores al margen de la ley. Ese es el caso de Jorge Coral, del Putumayo, de quien Ávila aseguró que aparece en un vídeo con un criminal identificado por el alias de “Gárgola”.

Fuente: RCN/EFE

 

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