La asociación sindical de prestadores de servicios generales ASPRESSA está en el ojo del huracán. Múltiples inquietudes han despertado la curiosidad de quienes se asombran ante la presunta corrupción gubernamental del burgomaestre tulueño.

Una organización que vincula a algo más de 500 personas en la Villa de Céspedes, tiene cogida el sartén por el mango de la contratación y ha reemplazado completamente al municipio en estas funciones, cual en los 3 años precedentes ha llegado a arreglos contractuales que rondan los 50 mil millones de pesos subcontratando la operación municipal y que a sus signatarios les ha arrojado ganancias de 14 mil millones de pesos a diciembre de 2018.

Una empresa todera, la han llamado algunos como el insigne tulueño Gustavo Álvarez Gardeazabal. Sus procesos van desde la subcontratación del servicio de aseo, actividades de salud, de cultura, operación de maquinaria pesada, silvicultura, siembra de árboles, etc.

No del todo una empresa para ser mostrada por un candidato a la alcaldía que antes de que empezasen las campañas electorales fungía como representante legal del llamado paraíso fiscal y quien fue cual firmó todos los contratos. Esta empresa que se constituyó poco menos de un mes antes de entrar en vigencia el período del actual alcalde (Diciembre 5 del 2015), comenzó operaciones pocos meses de posesionarse Vélez.

Como se ha visto, Aspressa ha contado con la suerte de sus vínculos con la alcaldía y aún más, de estar amparada por la normatividad que cobija a las asociaciones sindicales, lo que ha servido a muchos para llamarla un paraíso fiscal, en razón de que está exenta de pagar impuestos como el de renta, el de patrimonio, de timbre, de IVA, de ganancia y ni aun siquiera la efectuación del asociado al registro único mercantil. A las claras, la empresa que representaba Castaño se ganaba legamente todos esos impuestos. Hoy el señor Castaño no aparece como el candidato de los sindicatos menos aún luego de recibir la bendición de Uribe y Aspressa no reporta en la base de datos de los sindicatos colombianos.

Los entes de control fiscal y penal tienen la lupa puesta sobre la treta de Vélez y su pupilo continuista. Amanecerá y veremos para que la Contraloría y la fiscalía delegada para delitos contra el patrimonio público esclarezcan la verdad, si es que queremos que los tulueños puedan empezar a vivir en un paraíso delicioso y no subcontratados por uno paraíso fiscal.

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