En el transcurso de los 20 años de robo que ha perpetrado el sector privado que controla la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo), han pasado varios personajes dedicados mantener el statu quo de esa compañía, en detrimento del erario de la ciudad.
La pieza clave actual para impedir que el municipio obtenga los activos que le pertenecen y reciba el pago de la deuda de 2 décadas de operatividad es Gabriel Álvarez, el gerente de la prestadora de servicios.
La última estratagema que usó fue la de interponer una tutela ante un tribunal para que paralizara el proceso judicial que obliga a la Espo a devolver los activos que le corresponden a Ocaña por ser dueña parcial de esas sociedad.
La ciudad es propietaria de 34,19 % de los bienes de la compañía, de acuerdo con su conformación en 1994.
El problema surgió cuando, en 2000, el municipio decidió terminar el contrato con los particulares por el incumplimiento de la Espo en la prestación de sus servicios.
Desde entonces, con artimañas judiciales previas, la parte privada logró quedarse indebidamente con los activos de la compañía, sin transferirle las utilidades que le correspondían.
Hoy, después de casi 20 años, la empresa le adeuda al municipio al menos 120.000 millones de pesos por los ingresos obtenidos, además de los activos que son de su propiedad.
Aunque un juzgado obligó hace 2 semanas a la Espo a entregar esos bienes a la ciudad, Álvarez ordenó a sus empleados a impedir la toma de las instalaciones.
Además, conjuró una contramedida en otro tribunal, que es el obstáculo actual para que se cumpla la ley a favor del municipio.