espo ocaña

A la negativa del gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo), Gabriel Ángel Álvarez, de entregar al municipio los bienes que le corresponden, se le ven las costuras.

No quiere que la compañía devuelva los activos que le pertenecen la ciudad, pero tampoco paga por el arrendamiento ni cancela los giros de utilidades por ser Ocaña dueña de 34 % de sus acciones, unos 102 mil millones de pesos en 19 años.

Desde que el municipio canceló el contrato con la Espo, en 2000, su gente se valió de artimañas para seguir operando los servicios sin retribuir a al Estado y sin restituirle sus bienes.

Desde entonces, la prestadora de los servicios de acueducto y aseo urbano ha amasado un ingreso de 300 mil millones de pesos, unos 1.400 millones al mes, de los cuales Ocaña no ha visto ni uno.

Ni por alquiler de instalaciones ni por utilidades, la ciudad se ha visto beneficiada, a pesar de ser dueña de casi la mitad de la compañía.

Tomando en cuenta que 34 % de la Espo es de propiedad estatal, de 300 mil millones de pesos obtenidos, el municipio debió percibir al menos $ 102 mil millones, de los cuales se descontaría las cantidades básicas para mantener la operatividad.

¿Dónde está esa plata? Esa es la pregunta que se hace la ciudadanía, incluido el alcalde encargado Wilmar Bayona, quien intentó –con orden judicial en mano– recuperar los activos de la Espo, con la negativa de un juzgado que admitió la tutela del gerente Gabriel Álvarez.

El estatus actual encendió las alarmas de la Superintendencia de Servicios Públicos, que maneja de cerca el tema y prevé evaluar qué es lo que ha sucedido en estos 19 años: robo al erario público y renuencia a cumplir con órdenes judiciales.

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