En una investigación que lleva a cabo la Contraloría General de la República dentro de la Unidad de Regalías, se declararon 14 hallazgos administrativos en la Gobernación de Córdoba, ocho de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones.
La investigación se centró en los años 2013 y 2015, donde se revisaron los proyectos más cuantiosos que se habían financiado con recursos del Sistema General de Regalías, destacando uno por la suma de $45.083 millones en los que se vieron involucrados los exgobernadores Alejandro José Lyons, Edwin José Besaile y la actual Gobernadora (e), Sandra Patricia Devia.
Este proyecto sería el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del río Sinú, allí se pagaron $29.000 millones y el proyecto no fue ejecutado, lográndose rescatar un poco más de $4.000 millones.
De hecho, la Contraloría adelanta desde el 2017 un proceso de responsabilidad fiscal contra los exgobernadores de Córdoba por un monto de $4.050 millones.
A este proceso de responsabilidad fiscal en curso se sumará el nuevo hallazgo fiscal por $45.083, vinculando este nuevo monto a los presuntos responsables por omisión en la recuperación de los dineros pagados.
Al parecer este no es el único caso donde se desviaron recursos del Estado, la Contraloría General mencionó que también se hallaron inconsistencias en el proyecto “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología” con una incidencia fiscal de $9.628 millones. Cabe destacar que este proyecto contó con la cooperación de la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN).
En ente investigador encontró otras inconsistencias en la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, allí se confirmó que los materiales que se usaron eran deficientes y hubo sobreprecios en los mismos, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones.
Por último, se hizo otro hallazgo de un proyecto cacaotero que no se llevó a cabo, pero se adjudicó el monto de $5.511 millones, poniendo de excusa que hubo fallas en la planeación estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales.