En 2019, la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo) cumplió 19 años de incumplimiento de pago de utilidades al municipio, provenientes de sus ingresos de operatividad.

A pesar de que la administración pública es dueña de 34,19 % de la compañía mixta, la deuda crece desde el año 2000, cuando empezó la pugna legal con el sector privado que participa con mayoría particular de 65,81 %.

Las maniobras jurídicas a lo largo de casi 2 décadas son las que han propiciado el escenario actual, en el que Espo presta el servicio a los habitantes, pero los ingresos se quedan en las arcas de los accionistas mayoritarios.

A pesar de que en 2017, un juzgado ordenó a la empresa mixta pagar la deuda al municipio, todavía este año no se ha hecho efectiva la orden.

La actitud de la directiva de Espo, encabezada por el gerente Gabriel Ángel Álvarez, es contraria a las normas societarias.

Además, el ocultamiento de la información contable dificulta conocer el monto de la deuda que se tiene con el municipio, al no saber cuánto dinero ingresa a sus cuentas por cobro del servicio.

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