85 páginas, y entre ellas una financiación electoral de medio millón de euros, conforman un auto judicial con el que se investiga el presunto desvío de fondos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en España, por parte de Esperanza Aguirre, quien fue presidenta de esa administración (2004-2016) y miembro del Partido Popular en la ciudad.
El destino del dinero, según sospecha la Fiscalía anticorrupción, fueron diversas campañas de su tolda política, un caso en el que también estaría inmiscuida Cristina Cifuentes, quien también administró los bienes de la localidad.
Los exconsejeros José Güemes y Manuel Lamela, además de empresarios están en la lista de más de 40 imputados en el llamado caso Púnica.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con el magistrado Manuel García-Castellón, citó a declarar a ambas imputadas. Cristina Cifuentes el 1 de octubre y Esperanza Aguirre, el 18.
La investigación se centra en servicios en actos electorales prestados al partido por parte de empresas a las que se les adjudicaba contratos públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Uno de los casos es el de la compañía Indra, que habría destinado 566.497 euros a la campaña electoral de 2011, por medio de contratos falsos, con casos similares ocurridos en 2007 y 2008 que están bajo la lupa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también relaciona a Cifuentes con pagos viciados hechos en 2007 desde la fundación Fundescam –relacionada con el partido– a empresarios que luego destinaron los fondos gastos electorales sin declararlos como tal.