Uno de los grandes problemas del país, junto con la inequidad, la violencia y la depredación del ambiente, es la corrupción que avanza tanto en el sector público como en el privado, en los órdenes nacional, departamental y municipal.

De hecho, en Colombia el sector salud ha atravesado algunas situaciones financieras en donde se han detectado cuantiosos casos de corrupción, tal vez sea debido a que más del 75% de su financiamiento se hace con recursos públicos y al pasar de mano en mano no llegan a su destino.

Ejemplo tangible de ello es el caso del Hospital Zamora en Bello, que por tema de presupuesto se vio en la necesidad de suspender el servicio de emergencia lo que afecta a casi 60 mil personas que habitan en el costado suroriental del municipio y que hacen vida en barrios como Acevedo, Zamora, Santa Rita, Alpes del norte, San Nicolás y la población de la vereda Granizal.

Algunos habitantes indican que en los más de 20 años de servicio que tiene el centro de salud siempre había atendido las emergencias, pero esta situación cambio y a partir del primer trimestre de 2018 se hizo público que ya no se prestaría este servicio a la comunidad de Zamora y que el mismo se había trasladado al Hospital Rosalpi, ubicado a casi 7 kilómetros de distancia, lo que hace que pacientes deban gastar casi $20.000 por pasaje sumándole el viaje tan largo y con dolencias.

Esta situación también está afectando a los pacientes de la tercera edad que deben enfrentar un trayecto tan extenso, aunado a lo complicado que a veces resulta transportarlas y esto no debería ser así pues son casos de emergencia y como tal merecen atención inmediata.

Ante este panorama el pronunciamiento que hace Felipe Giraldo Tobón, gerente de Bello Salud, es que la orden de cierre obedeció a la falta de recursos financieros de la entidad y supuestamente por la falta te pacientes que se consultaban allí, cosa que contrasta con los 60 mil habitantes que se han visto afectado con esta decisión.

También señaló el centro de salud representaba un gasto de $47 millones mensuales, así que se tomó la decisión de cierre sin importar el malestar y el daño ocasionado a los usuarios del servicio, dice entender la molestia y manifiesta que el problema de la salud es estructural.

“Somos conscientes que la comunidad demanda el servicio y tiene dificultades, pero desde el punto de vista económico no podemos reabrir el servicio porque ahondaríamos más la crisis del hospital” sostuvo.

Pero, si por el sector salud pasa muchísimo dinero, alrededor de $50 billones al año, la pregunta es ¿a dónde van a parar esos recursos?

Mientras se encuentra una respuesta, el sector salud se sigue quedando desprotegido, hace falta más transparencia en los procesos, no se debe permitir que personeros con poder jueguen con los recursos públicos y menos con la salud algo tan sagrado.

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