Atónitos han quedado los bellanitas en los últimos años manifestando que han sido cómplices de la clandestinidad de hombres y mujeres que usan a menores de edad para la prostitución infantil.
Para el 2005 empezó la explosixon de quienes prefieren esta desviada alternativa sexual en el municipio de Bello.
Lo insólito del caso es que hoteles, casas de familia y pensiones se prestan para este tipo de prácticas sexuales.
De los 10 municipios de Antoquia que acataron el decreto de toque de queda para menores de edad en Bello esto aún no se cumple ¿y las autoridades? Brillan por su ausencia.
Según estudios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país existen varios factores que favorecen la explotación sexual comercial de niños como son los familiares (maltrato físico y sicológico, abuso sexual, desintegración y disfunción familiar, abandono, hacinamiento, presión económica y padres o cuidadores que ejercen la prostitución) y socioculturales (consumismo, trabajo infantil, deserción escolar, mendicidad, influencia negativa de pares, influencia de medios de comunicación y vivir en zonas de prostitución y de conflicto armado).
Marco Legal
Entre las leyes con las que cuenta el país para devolverles los derechos vulnerados a los niños y los adolescentes, este funcionario resaltó los artículos del 213A al 219B del Código Penal, modificados por la Ley 1236, de 2008, el mismo Código de Infancia y Adolescencia, y las Leyes 1329 y 1336 de 2009, que endurecen las penas a los abusadores de menores de 14 años y no permiten rebajas, así el implicado se allane a cargos.
El negocio de la Explotación Sexual, pornográficas en menos de edad mueve ncifras millonarias y funciona tanto desde lugares exclusivos con gente de alto poder adquisitivo y turistas extranjeros como desde las estaciones de servicio y carreteras donde adultos
demandan sexo a varones o mujeres menores de edad, a cambio de “un
aventón”, “monedas» o un plato de comida. No se trata sólo de personas de
clases sociales bajas, hay de todos los sectores y tienen en común
carencias afectivas y emocionales a partir de problemas familiares y
sociales.
Para el año 2018 quienes se dedicaban al delito de pornografía infantil recibian entre 200 mil y 300 pesos por material enviado, lo que sin duda alguna resulta rentable este negocio, que ha incluido ahora como en una especie de circulo delictivo, a hoteles, posadas, pensiones e incluso casas de familia quienes se han visto inmiscuido en los últimos dos años en el escenario propicio para estas prácticas.
Al cierre de 2018 habían denuncias anónimas que superaban los 20 mil casos reportados en instituciones gubernamentales y ONG´s en defensa de los menores de edad víctimas de la pornografía infantil. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿y dónde están las autoridades?