Un «bien diseñado esquema de corrupción» estaría detrás de los sobornos 2012-2016 registrados en Ecuador y en el que está señalado el expresidente Rafael Correa, además del entonces vicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico Alexis Mera, los exministros María Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado y la actual asambleísta Viviana Bonilla.
Por eso, la Procuraduría General, como acusador particular del Estado, presentó el caso ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que habla de aportes irregulares de empresas por hasta 15,5 millones de dólares para el movimiento Alianza PAIS (AP), ligado a Correa y sus campañas.
El destino de todo ese dinero, según de sospecha, habrían sido candidaturas, servicios de campaña política tanto para elecciones seccionales como nacionales, además de préstamos personales y hasta celebración de cumpleaños de Correa y varios de sus socios más cercanos.
La lista de contratistas incluye a Odebrecht, la famosa constructora brasileña que participó en delitos similares en toda Latinoamérica. Varios de esos empresarios están en la lista de 26 procesados previamente en la causa que lleva Fiscalía por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.
El informe presentado por la Procuraduría indica que “los sobornos habrían sido recibidos por los funcionarios públicos acusados y aparentemente administrados por ellos para varios fines, beneficiando de manera directa al movimiento Alianza País (AP) y a un selecto grupo de sus simpatizantes».
La Fiscalía sigue buscando datos en torno al caso judicial que ya está abierto y en proceso, pero ya hay confirmación de proveedores que prestaron servicios en campañas, pero recibieron dinero de contratistas del Estado, sin relación alguna con AP.
Los pagos se habrían hecho en cheque, por eso la Procuraduría califica el esquema de corrupción como “bien diseñado”.