Luego que la Fundación Paz y Reconciliación lanzara a la opinión pública el tan comentado informe PARES, han surgido algunas dudas sobre la veracidad del mismo y es que llegando al trasfondo de este subjetivo estudio, hemos evidenciado como la honorable institución “sin ánimos de lucro” decidió omitir algunos casos o peor aún usar su “veracidad” para poner a merced de algunos candidatos la reputación de sus principales contendores, en víspera de las próximas elecciones del mes de octubre.
Como punto de partida para quienes desconocen el informe PARES, es realizado por un grupo de profesionales que no deberían tener parcialidades políticas. Sin embargo, llama la atención que de los 98 primeros casos denunciados en este estudio, sólo tres (3) candidatos del Partido Verde, sirvieron de carne de cañón, en el que la fundación hace un pequeño intento de ser imparciales.
En la investigación se pudo determinar algunas inconsistencias, como en el caso de Santa Marta, Cali e incluso en Boyacá, donde existen “razones de cama”, que derrumban la veracidad del informe PARES.
Recordemos: Magda Núñez, fue directora hasta mayo de 2019 de la Gobernación de Boyacá (en manos del Partido Verde), trabajó junto al actual candidato también de esta tolda política, Ramiro Barragán; Núñez es la actual pareja sentimental de Ariel Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación.
Esta es la primera “coincidencia” que pudo haber influído para intentar hundir la reputación del contrincante de Ramiro Barragán, quien por cierto cuenta con cuatro investigaciones disciplinarias y este candidato no fue investigado.
La segunda casualidad forzada de esta acusación en Boyacá es el hecho de que Ramiro Barragán representa en Boyacá una de las fichas de la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, quien también por cosas de la vida es muy cercana a Ávila y a Nuñez.
Primera interrogante ¿puede haber parcialidad en un informe con estos antecedes?, la respuesta es sencilla, NO.
El tercer y último elemento señalado en el informe contra el principal contendor de Barragán es una supuesta vinculación con tema esmeraldero en el cual se le acusa de que Jonatan Sánchez, entre otras cosas de 1) mantener enlace con grupos al margen de la Ley (el cual no ha sido comprobado, ni existen pruebas que sustenten esta acusación) y 2) que propiciara una “guerra” para que Estados Unidos se quedara con las principales vetas de esmeraldas del departamento de Boyacá, cuando es de conocimiento público que en esas decisiones un diputado no tiene la potestad de ejecutar estas acciones.
• 1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Departamento.
• 2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.
• 3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento.
• 4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.
• 5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos.
• 6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales y organizar provincias.
• 7. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal.
Ahora bien, ¿cómo pueden emitirse este tipo de investigaciones sin pruebas que sustenten los estudios previos? En el caso de Boyacá, se hace notorio que las verdaderas intenciones del poder tienen una connotación prioritaria, por encima de realidades tangibles que sencillamente no salen a luz, sólo por la ambición de pequeños grupos políticos que subsidian este mal llamado informe de la verdad.