No será en la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía en donde el reincorporado alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, denuncie por supuesta corrupción a su sustituto de 3 meses, Andrés Rugeles; sino en las redes sociales. ¿En serio?
A casi un mes de haber retornado a su cargo, luego de permanecer más de 90 días preso en su casa por presunta contratación irregular de centros de salud (proceso aún abierto), ahora el mandatario se dio a la tarea de escudriñar en la gestión del exalcalde encargado, quien ejerció funciones entre el 4 de abril y el 22 de julio de 2019.
Lo singular de su anuncio es que, justamente, un caso de corrupción debe plantearse, en primer lugar, ante los organismos de control del Estado y, en el caso que lo requiera, en instancias judiciales.
Además, ¿cómo es posible que en 3 meses de gestión, cuando un funcionario designado para evaluar sus decisiones apenas está conociendo la Alcaldía, pueda cometer delito de corrupción estando en el ojo del huracán?
En todo caso, siendo Martínez un funcionario acusado oficialmente y con un proceso en curso, debería saber cuáles son los pasos y canales regulares que debe seguir para formular una denuncia por mal manejo de los recursos. Las redes no están incluidas.
Pero entre todo eso, la prensa señaló como hecho curioso que representantes de la vida civil de Santa Marta que tenían hasta 8 años sin entrar a la Alcaldía, pudieron reunirse y discutir sus dudas y propuestas a Rugeles.
Incluso, la Liga de Boxeo del Magdalena le entregó un reconocimiento por el apoyo al Campeonato nacional Juvenil de Boxeo femenino y masculino celebrado en julio en el Coliseo de Gaira.
Lo que queda claro es que esta extraña convocatoria parece una cortina de humo, una campaña para intentar borrar su imagen de corrupción que sigue dentro de una investigación y a la orden del juez octavo penal municipal con funciones de conocimiento, Alexánder Vila Farelo.
¡Que no se le olvide!